Cerca de 450 establecimientos educacionales del país ya se encuentran en funciones, especialmente con alumnos de cuarto medio, y otros comenzarán a funcionar en forma presencial en los próximos días. La mitad de las peticiones corresponden a colegios de la Región Metropolitana.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha señalado que las escuelas que han ido abriendo sus puertas lo han hecho con todas las medidas de seguridad que se han dispuesto para las comunidades educativas, por lo que han servido como ejemplo para que otras instituciones se sumen y puedan volver a las clases presenciales.

En América Latina, donde la mayoría de los alumnos permanece fuera de las aulas, la Unicef, la Unesco y el Programa Mundial de Alimentos han llamado a los gobiernos del continente a intensificar la preparación de las escuelas para una eventual reapertura y ayudarles en este proceso. Han señalado que el retorno a la escuela debe darse de manera segura, planificada, gradual e inclusiva, sin discriminar a nadie ni exponer la salud de los alumnos, los profesores y los funcionarios.

Latinoamérica se ha destacado por los esfuerzos realizados para garantizar la continuidad educativa a través de la enseñanza a distancia.

De acuerdo con estos tres organismos dependientes de las Naciones Unidas, es prioritario que las autoridades educativas, tomadores de decisiones en salud y servicios sociales básicos, así como administradores, directores y docentes, emprendan la planificación para el retorno a clases presenciales con miras a fortalecer los sistemas educativos de conformidad con las condiciones sanitarias adecuadas de cada nación. Este proceso es fundamental para los más vulnerables, quienes antes de la pandemia ya estaban fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla, y para aquellos más marginados por razones de pobreza, discapacidad o residencia en zonas rurales distantes. Dos guías elaboradas ofrecen una mirada estratégica y práctica a la vez para tener un regreso seguro a las aulas, con recomendaciones e insumos técnicos para planificar, preparar e implementar gradualmente la apertura de los colegios.

Así como nos afanamos proponiendo: "Tenemos que hablar de educación", también es importante discutir de manera transparente por qué en el año quizás más crítico que ha vivido la educación chilena, la partida 09 del presupuesto de la Nación 2021 -que es la que asigna las platas al Ministerio de Educación- viene un 0.2% más escuálida que la de 2020.

Llevamos meses angustiados viendo cómo retener a los 80 mil estudiantes que el propio Ministerio estima abandonarán el sistema escolar, sumándose a los casi 187 mil que ya estaban excluidos de la educación antes de la pandemia, y resulta que las escuelas de adultos, las de reingreso educativo y las regulares de Índice de Vulnerabilidad Escolar alto, que son las que se ocupan de estos niños, niñas y jóvenes extremadamente vulnerables, recibirán un 10% menos de presupuesto que el que tuvieron en 2020.

Este incomprensible castigo tampoco se hace cargo de que estos establecimientos han vivido una compleja situación financiera este año. Según el DFL2 de año 1998 el pago de subvención por asistencia se efectúa considerando el último registro vigente; es decir, los primeros 15 días de marzo. Esto afecta catastróficamente a las escuelas mencionadas, ya que al atender a una población con una multiplicidad de problemas propios de la pobreza y la vulnerabilidad, sus matrículas y asistencias no tienen la puntualidad y precisión de los alumnos de un establecimiento regular, que efectivamente entran a clases en marzo. En nuestro caso, eso no es así. Recién en abril, llegan los estudiantes, y esto, que es pan de cada año, empeoró en este 2020 de pandemia: la inasistencia ha sido permanente, lo que ha castigado el cálculo de las subvenciones de manera brutal.

El mezquino presupuesto 2021, que incluso ha sido reforzado con casi 174 mil millones de pesos de un Fondo de Emergencia Transitorio y aun así está por debajo del de este año, considera 0 peso para detectar focos de abandono escolar y lograr la reinserción educativa. La distribución presupuestaria es contradictoria con las preocupaciones manifestadas por el Ministerio, por la Mesa para Prevenir la Deserción Educativa y por Compromiso País, instancia convocada por la Presidencia de la República.

Realmente resulta incomprensible esta disminución de fondos para algo tan central como la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables de Chile. Por eso, más que nunca, tenemos que hablar educación… y de plata.

Liliana Cortés,

directora Fundación Súmate