La medicina preventiva juega un rol clave en la salud de las personas durante parte importante de su ciclo de vida y, en especial, en los adultos mayores. La pandemia del covid-19 ha afectado a todo tipo de atenciones de salud, tanto por las solicitudes y estrategias de la autoridad para no exponer a la población, así como también por la disposición de las propias personas de no concurrir a controles que son necesarios para su salud, para evitar contagiarse.

Durante la emergencia sanitaria se han adoptado medidas con el fin de proteger especialmente a la población más vulnerable, como es el caso de los adultos mayores. Dichas acciones, como el distanciamiento físico, han significado también una especie de recesión social para ese segmento, al disminuir los contactos o relaciones con sus familias.

La importancia de enfrentar la salud, tanto referida a atenciones preventivas, de urgencia y controles de enfermedades crónicas, se transforma en un desafío que se debe asumir a la brevedad, en especial si se considera que no existe una solución concreta a la pandemia de coronavirus en el corto plazo y una disminución constante y de tal magnitud en las atenciones plantea potenciales problemas en la salud de la población.

Por no ir a consultar a tiempo o por haber suspendido sus tratamientos, las personas se pueden haber expuesto a patologías que pueden tener consecuencias importantes, como es el caso de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, entre otros, que en el fondo van a seguir existiendo y que si no se consulta a tiempo podrían terminar en una discapacidad.

Chile envejece a tasas aceleradas, fenómeno que tiene repercusiones de salud, económicas y sociales que exigirán revisar la forma en la que hemos construido el país. Se trata de un cambio que obliga a repensar las políticas públicas del país. Hay expertos que dicen que el país no está preparado para enfrentar este cambio en la pirámide etaria, si se observan indicadores como las pensiones o el acceso a la salud. La pandemia agudizó el problema y esto podría acentuarse conforme pasen los años y observemos un incremento de este segmento poblacional.

Para hablar de escaños reservados, lo primero es aclarar que absolutamente todos los parlamentarios estamos a favor de que los pueblos originarios formen parte de la redacción de una nueva Constitución. En este contexto, lo primero es valorar el esfuerzo transversal que están haciendo todos los sectores políticos para incorporar, por primera vez en la historia, la opinión de los pueblos indígenas en nuestra Carta Fundamental.

Cabe preguntarse entonces, por qué no logramos llegar a un acuerdo que nos permitiera aprobar rápidamente esta premisa y la respuesta es que no coincidimos en la fórmula o el cómo concretar esa legítima participación sin pasar a llevar la institucionalidad, eso es precisamente lo que generó diferencias en el Parlamento.

Por un lado, la Oposición propuso que fueran 25 escaños reservados para los pueblos indígenas, adicionales a los 155 miembros que se aprobaron. En cambio, en el Oficialismo estamos convencidos que deben ser 15 los escaños reservados y que estos deben estar dentro de los 155 integrantes de la convención que redactará la Constitución.

Quiero ser muy clara respecto a estas divergencias que se generaron. Me preocupa que se evalúe una propuesta que modifica las bases del acuerdo que suscribimos el 15 de noviembre del año pasado, más aún cuando éste fue ratificado en una de las elecciones más concurridas de la historia de nuestra democracia. Es nuestro deber como representantes, respetar las decisiones soberanas de la ciudadanía, y cambiar la cantidad de constituyentes sería arrogarse una facultad que no nos pertenece.

También me preocupa que se considere la autoidentificación como procedimiento de votación, pues esto no se condice con los requisitos que se le exigirán a los candidatos que quieran representar a los pueblos indígenas. No puede ser que cualquier persona que se declare por sí misma como indígena, pueda votar por el representante del pueblo al cual dice pertenecer, con esto evidentemente se corre el riesgo de que personas no indígenas alteren el objetivo que se busca.

En los tiempos de incertidumbre que hoy vive nuestro país, habiéndose ya realizado el plebiscito que da inicio a la elaboración de una nueva Constitución, cambiar las reglas del juego le restaría legitimidad al proceso.

Espero que en la Comisión Mixta podamos encontrar consenso y comenzar a saldar una deuda histórica del Estado de Chile, llegando a los acuerdos que nos permitan cumplir con este propósito común e integrar así a representantes del pueblo Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameño, Quechua, Colla, Chango, Rapanui, Kawashkar y Yagán, otorgando así la representatividad que se merecen en la importante tarea de estructurar una nueva Constitución que guiará las decisiones futuras de nuestro país.

Carmen Gloria Aravena, senadora