A las 15 horas de ayer sesionó la Comisión de Seguridad Pública del Senado, instancia a la que fueron invitados distintos actores para debatir acerca de la aplicación de modificaciones legales para endurecer las penas al delito de usurpación.

Fue en el marco de esta instancia parlamentaria que el general Carlos González, jefe de la Macrozona Sur Control Orden Público e Intervención de Carabineros, señaló que "nuestra única preocupación es poder brindar seguridad, tranquilidad y la paz tan esperada por toda la gente que vive en la Región de La Araucanía y la macrozona sur… Creemos que de una vez por todas debemos aunar criterios y esfuerzos y buscar las modificaciones legales que esta situación amerita".

El general precisó que las modificaciones al delito en debate deben ir encaminadas a castigar con penas privativas de libertad.

Explicó que existen 12 horas para actuar en flagrancia y que cumplido este plazo los propietarios deben hacer la solicitud de desalojo por la vía judicial. Además, habló sobre los distintos escenarios a los que se ve enfrentado el personal y los delitos como amenazas, incendio, daños y atentado contra la autoridad -entre otros- que derivan de las tomas de predios.

CUATRO PASOS

Acto seguido, el general González informó sobre los procedimientos que siguen cuatro pasos que priorizan el diálogo para intimar gradualmente las órdenes de desalojo. Primero, opera el personal territorial (comisaría) el cual se constituye a partir de una denuncia, verifica y conversa con la comunidad para que haga abandono del predio particular. Si no existe resultado positivo, en el segundo paso ingresan las Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas (PACI) a continuar con el diálogo buscando que las personas se retiren en forma pacífica. Si aún persisten en el delito, sigue un tercer paso que incorpora a la Tenencia de Familia e Infancia de Carabineros, para dialogar e identificar a los grupos vulnerables como niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores.

"Se intenta por todos los medios posibles no llegar a la cuarta etapa que es la intervención del personal de Control Orden Público para restituir la propiedad a la víctima, utilizando incluso la fuerza si hay resistencia en el desalojo por parte de la comunidad", indicó el general González.

Carabineros, informó que actualmente hay más de 60 predios con reivindicaciones, de los cuales 22 se encuentran con personas ocupando la propiedad en forma permanente, otros 11 con ocupaciones esporádicas y en 36 no se cuenta con la información al no existir mayor precisión por parte del propietario.

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"Nuestra única preocupación es brindar seguridad, tranquilidad y la paz tan esperada por toda la gente que vive en La Araucanía".

Carlos González,, general, jefe Macrozona Sur, Control Orden Público

El jardín infantil "Alen", de Temuco, la escuela Claudio Arrau de Villarrica y el Colegio Panque de Curarrehue, debieron aplazar el inicio de sus clases presenciales debido a contagios de covid-19 de funcionarios de estas comunidades educativas, que dieron positivo este fin de semana, por lo que se activaron los protocolos sanitarios, optándose por tomar esta medida y procediendo a aplicar cuarentena a las personas involucradas.

El seremi de Educación, Edison Tropa, señaló que "ninguno de estos tres establecimientos ha comenzado sus actividades presenciales ni ha tenido vínculo con los estudiantes. Todos los contactos directos ocurrieron antes del inicio del año escolar y fuera del establecimiento".

La escuela Claudio Arrau de Villarrica arrancaba el 8 de marzo con sus clases presenciales; el Colegio Panque de Curarrehue tenía la misma fecha para iniciar su año escolar, en tanto que el jardín infantil temuquense "Alen" (particular subvencionado perteneciente a la Fundación Educacional Fundo El Carmen) tampoco había dado inicio a sus clases presenciales.

MOLESTIA

La Asociación Regional de Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), a través de su presidenta, Yerthie Sayago, acusó que no se ha realizado la fiscalización necesaria a los recintos, y que al menos 10 de estos no cuentan con las medidas exigidas para un regreso seguro. "Esas condiciones las solicitamos en enero, y no había nada de eso este lunes", señaló.