Andrea Arias Vega

"Somos 61 familias y voces que se alzan buscando el equilibrio entre sostenedores y trabajadores. Nuestra huelga continúa y continuará mientras la indolencia se haga presente".

Con estas palabras, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Henríquez (LCH), Eugenio López, respondió el llamado "a deponer la huelga" que realizó la Corporación El Bosque, desmintiendo y criticando además la versión entregada a El Austral por el presidente de la entidad sostenedora, Miguel Jara, quien postula que existe una "objeción de legalidad" que le impide sentarse a negociar.

Este proceso de negociación colectiva entre el sindicato y la Corporación El Bosque, el cual se encuentra judicializado, se remonta a julio de 2019, cumpliéndose ayer 50 días de la huelga legal, movilización que ha concitado el apoyo de la comunidad educativa, parlamentarios y ahora del Colegio de Profesores a nivel nacional.

Con motivo de los 50 días de huelga, ayer el sindicato realizó una manifestación en el frontis del establecimiento, habiendo sido detenidos tres profesores, por infringir la cuarentena, quienes fueron liberados durante la misma jornada.

En la oportunidad, el sindicato manifestó su demanda de "empatía, voluntad y diálogo" al sostenedor, señalando que "ya son dos años intentando negociar sin resultados" y de paso lamentando "la afectación que ha provocado este conflicto a la comunidad educativa".

CRITICAN a SOSTENEDOR

La Corporación El Bosque postula que el LCH al ser un establecimiento subvencionado financiado por la Ley de Inclusión Escolar (Ley 20.845) está impedido de repartir los fondos para fines que no sean educativos.

Dicha premisa fue desmentida por el titular de la Seremi del Trabajo y el sindicato, quienes explicaron que diversas instancias administrativas y de alegación judiciales, "dejaron establecido que la corporación es un establecimiento educacional particular subvencionado conforme al Decreto Ley N° 3.476, por consiguiente, tiene la obligación legal de negociar colectivamente".

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"El Bosque, con sus reclamos administrativos y judiciales buscó desconocer de mala fe el derecho constitucional de negociar colectivamente".

Eugenio López,, Sindicato de Trabajadores

Con un apoyo político transversal expresado en el voto de todos los diputados de la Región de La Araucanía fue aprobado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile el proyecto de Ley Juan Barrios, que incrementa las sanciones penales en caso de ataques incendiarios a vehículos motorizados.

La decisión fue celebrada por uno de los impulsores de la medida, el diputado de La Araucanía Andrés Molina, quien agregó que ahora es importante seguir avanzando también en la Ley de Usurpación "y así cumplir nuestro férreo compromiso con la seguridad de la gente, y no tener medias tintas en esto. Es muy importante destacar que así se concreta uno de los principales compromisos del Ejecutivo con los camioneros de Chile. Esperemos que el Senado en su tercer trámite, lo apruebe prontamente".

MODIFICACIONES

"El proyecto modifica el Código Penal para incluir a los vehículos motorizados con personas en su interior a los delitos de incendio y crea una nueva agravante para quienes incurran en el ilícito, aumentando en un grado la pena, que puede ir desde 15 años y un día hasta cadena perpetua en el caso de los delitos de incendio cuando éste recayera sobre un vehículo motorizado en el que se encontrasen personas en su interior y fuesen obligadas a descender del vehículo para la comisión del delito.