Carabineros de Chile vive una crisis vinculada a una fuerte caída en la confianza y aprecio ciudadano, casos de corrupción de sus altas esferas conocidos recientemente y cuestionamientos vinculados a su proceder en medio de los operativos policiales que se desencadenaron a partir de la crisis de octubre de 2019 son algunos de los cuestionamientos.

Es un momento complejo que requiere de máxima atención, aunque no es obstáculo para reconocer en Carabineros a una institución que -en su historia- ha sido también destacada por su labor en distintas materias, especialmente asociadas a hacer cumplir la ley, dar eficacia al Derecho y garantizar el orden y la seguridad pública interior en todo el territorio. Al respecto, no se puede soslayar que hasta algunos años era una de las policías más reconocidas a nivel latinoamericano por cualidades como probidad y profesionalismo o por el haber conseguido un efectivo nivel de acercamiento a la ciudadanía gracias a iniciativas como el "Plan Cuadrante".

La policía uniformada requiere de dar un giro al devenir de los últimos años y eso lo han reconocido instancias transversales de análisis, como la convocada por el Senado en noviembre de 2019, de la cual emanó una serie de recomendaciones en torno a la modernización institucional.

Entre ellas, destaca la necesidad de contar con una policía cuyas estrategias de actividad se basen en evidencia científica, que cuente con un personal altamente profesionalizado, con conocimiento y apego irrestricto a los Derechos Humanos y responsable frente a la autoridad civil. Para ello, se abogó por la implementación de altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en relación con la ciudadanía, evitando que se repitan episodios tan condenables como los fraudes protagonizados por altos mandos de la institución.

Además, se hace necesario potenciar la percepción de la legitimidad y autoridad del actuar policial.

El desafío modernizador no es sencillo, pues se enmarca en una crisis de legitimidad que afecta a muchas instituciones. Sin embargo, se trata de un imperativo ineludible para Carabineros y el país.

La disponibilidad y acceso al agua es un tema que debe ser tratado con seriedad. En Chile enfrentamos una grave sequía hace más de 10 años, además de la situación de escasez que ha obligado a mantener bajo "emergencia hídrica" a 104 comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos.

De acuerdo a cifras de la DGA, alrededor de un millón 400 mil familias enfrentan serias dificultades para acceder a una red de agua potable, por lo que gran parte de ellas son abastecidas con camiones aljibe.

Por otra parte, según el último balance hídrico de la DGA, durante los últimos 30 años los caudales de agua superficial de las cuencas del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre un 13 y 37%. Además, se proyecta el aumento de temperatura entre 1 y 2,5ºC y una reducción de precipitaciones de hasta un 50% a partir del 2030.

La situación es compleja, además de la prioridad del consumo de agua para la sobrevivencia humana, debemos considerar el rol relevante de este recurso en la productividad de sectores clave para nuestra economía, las que en su conjunto representan el 60% del PIB nacional.

Ante este escenario, es urgente fortalecer nuestro marco legal, a través de la Reforma al Código de Aguas, y a la vez sacar adelante una nueva institucionalidad, la cual permitirá una gestión más eficiente del recurso y una mayor coordinación pública de las más de 40 entidades vinculadas.

Sin duda alguna, la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos será un paso significativo, la cual responde a una necesidad que vislumbramos en la Comisión de Agricultura cuando despachamos la Reforma al Código de Aguas hace más de un año.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos deberá velar también por la correcta ejecución del nuevo Código, el cual a grandes rasgos, prioriza el consumo humano; establece que los nuevos derechos de agua no sean indefinidos y que los derechos adquiridos que no se utilicen se extingan y se aumente la patente por no uso.

Asimismo, se incluye una planificación para las 101 cuencas a nivel nacional; una estrategia en la que ha avanzado el MOP, terminando en el 2020 los planes de gestión estratégica de 10 cuencas en el norte y centro de Chile, mientras que este año hay 10 planes más en elaboración, y se espera contar, durante el año 2022, con planes de gestión para las 61 cuencas más importantes del país.

Esperamos que por el bien de un recurso tan importante para la vida humana, el ecosistema y nuestras actividades productivas, durante este 2021 podamos ser testigos de la creación de la nueva institucionalidad y que el nuevo Código de Aguas se transforme en Ley, tras más de diez años de tramitación en el Congreso.

Carmen Gloria Aravena,

senadora por La Araucanía