Como "preso político mapuche" ha sido reivindicado Miguel Ángel Torres en diversos lienzos dejados en atentados incendiarios en Ercilla. Esto tras ser detenido y formalizado en 2020 por graves delitos relacionados con el asalto a una parcela para obtener armas y el ataque incendiario a una oficina judicial en Collipulli, el año pasado, en el marco de una marcha no autorizada.

Ayer la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía decidió llevar a juicio a Torres y presentó una acusación en su contra donde solicita 30 años de cárcel por los delitos de robo con intimidación e incendio, entre otros.

El acusado, sindicado el año pasado como líder de un grupo violentista por los querellantes en esta investigación, habría llegado junto a cuatro individuos más a una parcela del sector La Suerte, en Collipulli, el 10 de julio de 2020. En el lugar tres personas de la tercera edad habrían sido amenazadas por los sujetos que ingresaron, según la acusación, "portando armas de fuego y vistiendo ropas de tipo militar".

La acusación agrega que "uno de los individuos golpeó con un elemento contundente a la víctima (de 78 años) y amenazó a otra, para posteriormente seguir registrando el lugar, hasta que se apropiaron aproximadamente de 50 cartuchos de escopeta calibre 12 y calibre 16, $200 mil en dinero en efectivo, un teléfono, una escopeta calibre 12 (…) y una camioneta Nissan Terrano".

Marcha y ataque

Respecto del incendio en la oficina judicial, la Fiscalía de La Araucanía explica que el "día 3 de agosto de 2020, en horas de la mañana, Miguel Ángel Torres participó en una marcha no autorizada en la comuna de Collipulli y junto a un grupo de sujetos de manera concertada se aproximó al inmueble ubicado en calle Alcázar".

Se indica que en el segundo piso existen dos departamentos habitacionales y abajo se ubica la oficina comunal del Servicio de Registro Civil e Identificación y un estudio jurídico. "Dependencias en que se encontraba en ese momento la víctima, momento en el cual, utilizando elementos contundentes, fracturaron los vidrios del primer piso del inmueble y procedieron a prender fuego al interior del mismo. Todo mientras las víctimas se mantenían dentro del inmueble", relata el documento.

El fiscal vocero de la Fiscalía Regional, Miguel Rojas, señala que, no obstante, percatarse que en el interior de esta última oficina permanecía una trabajadora "el imputado y este grupo de sujetos proceden a prender fuego y a lanzar elementos acelerantes, situación que motivó a la víctima a escaparse de este lugar".

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"El imputado y este grupo de sujetos proceden a prender fuego y a lanzar elementos acelerantes, situación que motivó a la víctima a escaparse de este lugar".

Miguel Rojas,, fiscal vocero

En un tercer hecho, el Ministerio Público asegura que el 14 de septiembre de 2020, la PDI ingresó al domicilio de Torres "en la comunidad de Atinao de la comuna de Ercilla, e incautó desde su interior 5 cartuchos de escopeta calibre 12". Sumando todos los episodios, se le está acusando por los delitos de robo con violencia, incendio, interrupción de la libre circulación, atentado a la autoridad y tenencia ilegal de municiones. Ahora el tribunal de garantía de Collipulli tiene que fijar audiencia para la preparación de juicio oral en este caso donde se presentarán 24 testigos y seis peritos, junto a otras 40 pruebas de otro tipo como videos que registraron los hechos.

Tras denunciar públicamente amenazas y hostigamiento en su contra, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, ya cuenta con protección especial. Contaría con dos funcionarias de Carabineros, sargento primera y sargento segunda, que cumplirán las labores de seguridad durante las actividades que tenga durante el día. Junto con ello, el Ministerio del Interior ofició al fiscal nacional, Jorge Abbott, para ver el avance de la investigación a raíz de la denuncia presentada por Loncón.

El director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Esteban Díaz, abordó la protección que funcionarios de la institución le proporcionan a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Díaz dijo que "así como lo señala la Constitución, Carabineros de Chile estamos a disposición de todos los ciudadanos, cualquiera sea la causa, los motivos, si necesiten de seguridad nosotros estamos dispuestos a entregarla".

Agregó que "la presidenta de la Convención ha recibido una serie de amenazas, cuya causa penal abierta está siendo llevada adelante por el Ministerio Público, por la Policía de Investigaciones y por parte nuestra, le hemos asignado, de acuerdo al perfil que fue elaborado (...) una protección especial con funcionarias de Carabineros, una de ellas efectivamente es de origen mapuche como lo es una gran cantidad de carabineros de todos los grados".

En la misma actividad estuvo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien puntualizó que "el rol nuestro como gobierno es, tal como lo hicimos en la sesión inaugural, cuando hubo un grupo de personas que violentamente trató de irrumpir dentro de la Convención, interrumpir su primera sesión, fue Carabineros el que evitó que eso de diera, evitó que personal violentamente quisieran afectar el funcionamiento de órgano. Asimismo, Carabineros ha dispuesto de seguridad para la presidenta de la Convención Constitucional", sostuvo.