Profundizar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha impulsado desde la creación del Sistema de Compras Públicas, elevando los estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de la economía circular, son objetivos altamente necesarios en el país. Y aquello es lo que precisamente busca el proyecto -en segundo trámite- que moderniza la ley N°19.886 y otras normativas, el cual es analizado en la Comisión de Economía del Senado.

Esta instancia ha desarrollo en las últimas semanas una ronda de audiencias con directivos y representantes de ChileCompra, además de representantes de gremios empresariales, especialmente de la micro, pequeña y mediana empresa.

Todo esto proceso es relevante, ya que si bien el sistema nacional de compras ha mejorado ostensiblemente en las últimas décadas, todavía queda mucho que avanzar en materias como transparencia y probidad.

En ese marco, se debe consignar que en la instancia la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) propuso que el 5% del total de transacciones de compras públicas sean preferentes para micro y pequeñas empresas de las tres regiones de mayor pobreza del país. Una de las dificultades que planteó Asech es que si bien las Mipymes cuentan con alta participación numérica (95%), esa no es directamente proporcional con los montos (59,6%).

A modo de referencia, distintos instrumentos suelen arrojar a Maule, Biobío y La Araucanía, pero en la propuesta están consideradas las regiones que tengan ese índice más alto, de manera genérica y dependiendo de los resultados.

La Comisión de Economía del Senado acordó que cuando el texto sea visto en general por la Sala, se solicite un plazo extenso para formular indicaciones. La idea es escuchar a todos aquellos que deseen pronunciarse sobre la iniciativa y -en virtud de dichas observaciones- formular mejoras a la norma. Y, más allá de los detalles y puntos de vista involucrados, es importante valorar la disposición de la instancia legislativa para escuchar a los distintos actores y avanzar hacia un mejoramiento más consensuado del proyecto.

Cuando en septiembre del 2020 se nos propuso la urgente tarea de construir un nuevo estatuto, que respondiera en forma y fondo a las leyes que obligan a modificar el cuerpo legal que rige actualmente a las universidades del Estado y que nació -cambios más, cambios menos - de las imposiciones de la dictadura chilena, nadie pensó que sería una tarea fácil. La universidad se juega en un marco de ideas y concepciones sobre la misma. No hay una sola concepción de universidad en el mundo.

Las dificultades para desarrollar este trabajo fueron muchas. En primer lugar, una excesiva demora en emprender este proceso, de dos o tres años ideales para discutir, se pasó a un año. Si consideramos solo lo indicado en el párrafo anterior, es evidente que se necesitaba tiempo y tranquilidad para reflexionar y madurar ideas. Pero bueno, eso ya es pasado pues finalmente se conformó un claustro con participación de los tres estamentos de la universidad y en un número superior a 190 personas. Cada representante fue elegido democráticamente por su comunidad y nadie recibió estipendio económico para su labor; la cual sobrepasó, por mucho, el tiempo laboral dedicado a la institución, ya de por sí normalmente sobrecargado.

El claustro fue algo inédito en una universidad exitosa en sus números generales, pero con importantes grados de descontento. Con una planta de profesionales que desempeñan labores académicas, pero que, sin embargo, no son reconocidos en su complejidad y aportes. Con un padrón electoral reducido, lo cual produce una grave distorsión en la participación de la elección de la máxima autoridad. Pueden votar más personas por una candidata o candidato, pero gana el contrario pues algunos votos valen más que otros. Estos fueron solo algunos de los peliagudos temas que tuvo que abordar el claustro. La Ley de Universidades Estatales (Ley 21.094) obligó a sus instituciones de ampliar la participación, reconocer a sus estamentos, vincularse con sus territorios y conservar su valor como instituciones del conocimiento y la formación. ¡Menuda complejidad! Seguir siendo productivas, pero ahora con mayor participación democrática en su interior.

El final del camino está siendo aún más áspero. Pero lo cierto es que la Universidad de La Frontera ya tiene una propuesta de estatuto, nacida en democracia, la cual está siendo debatida y mejorada por la comunidad universitaria. No puede ser de otro modo. Un estatuto (como una Constitución) debe intentar representar el sentir de las personas que la vivirán. Es de esperar que los cuerpos académicos, en extinción legal (Consejo Académico y Junta Directiva), respeten la voluntad y soberanía de la comunidad universitaria, la cual delegó formalmente a un claustro amplio y masivo la elaboración de una propuesta de estatuto.

Luis Nitrihual Valdebenito,

profesor titular