Aunque de manera reciente, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, cuenta con una sección de datos de género que concentra indicadores sobre diversos ámbitos de la vida de las mujeres en Chile, desde la situación laboral, económica y educacional hasta el de los delitos de femicidios consumados.

En el Día Internacional de la Mujer, celebrado ayer en todo el mundo, el país y La Araucanía, las estadísticas reunidas por el organismo son una forma de acercarse a la realidad femenina a nivel nacional y permite un análisis a partir de los avances y retrocesos que revela esta información en diferentes áreas de la sociedad. Uno de los más reveladores y que cobra especial importancia se refiere al ámbito laboral, en el cual las mujeres han sido especialmente afectadas durante la pandemia, considerando que muchas debieron intentar compatibilizar el trabajo remunerado con las labores domésticas, como el cuidado de los hijos o adultos mayores, tarea que no siempre pudo ser desarrollada con éxito debido a la falta de una red de apoyo.

Según datos del INE, el trimestre móvil abril-junio de 2020 fue el peor para quienes desempeñaban labores remuneradas, ya que un total de 828.456 mujeres salió del mercado laboral en comparación con igual período de 2019. La situación se revirtió en parte después de esa fecha y se inició un lento proceso de recuperación que en el trimestre abril-junio del año pasado significó que 361.998 mujeres reingresaron al mercado laboral.

Si bien hubo una mejoría para la fuerza laboral femenina, las estadísticas son claras en demostrar que en el trimestre móvil noviembre de 2021-enero de 2022, las mujeres siguen participando menos que los hombres en el mercado laboral. En ese periodo las tasas de participación se situaron en 48,3% en las mujeres y en 69,6% en los hombres, es decir, existe una brecha de -21,3 puntos en desmedro de ellas.

Los datos vuelven a respaldar la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan acabar con las brechas y desigualdades entre hombres y mujeres, permitiendo entender que las realidades están presentes y que todas las acciones que puedan contribuir a mejorar estas situaciones son bienvenidas.

Ayer 8 de marzo se recordó con tristeza la quema de las obreras en la fábrica Cotton de Nueva York, pero también hay mucho que celebrar pues este hecho señaló el inicio de un largo camino en el logro de las reivindicaciones femeninas.

Uno de esos aspectos más básicos en estas pretensiones es lograr que haya una real y efectiva repartición en las cargas económicas que deben soportar los progenitores de niños y adolescentes, lo que en Chile es una negativa realidad al pesar principalmente sobre las madres, lo cual quedó en evidencia durante los periodos de retiro de los fondos de AFP puesto que eran cientos las mujeres que se agolparon fuera de los Tribunales de Familia, la justicia de las mujeres y los niños, esperando obtener la retención de los retiros a que tenían derecho los padres de sus hijos.

Hay también mujeres que deben pensiones de alimentos, pero ciertamente son una minoría, ya que son preferentemente las madres quienes ejercen el cuidado personal de los hijos, como lo demuestra el hecho de que los hogares en que las mujeres son jefas de hogar representan un 40% del total de hogares en Chile, con una tendencia al alza, según la encuesta Casen de 2017, la última antes de la pandemia.

Por fortuna, este problema social tuvo una respuesta inmediata que implicó la dictación de la Ley 21.389, publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre del año recién pasado y que pretende endurecer y hacer más efectivas las medidas que se toman para obtener el pago de las pensiones de alimentos. Así, a las medidas ya existentes para el caso de no pago o retardo de pensiones, como es el arresto nocturno del deudor(a), retención del salario por parte del empleador, arraigo nacional, retención de la devolución anual del impuesto a la renta y suspensión de licencia de conducir, se agrega la creación de un registro nacional de deudores de pago de pensiones de alimentos, se introduce el concepto de "acuerdo de pago serio".

Esta modificación amplía las posibilidades de retención de dinero en operaciones comerciales en que participe el deudor, se establecen condiciones relativas al correcto cumplimiento de las pensiones de alimentos para quienes ingresen a la administración pública y organismos del Estado, incluidos cargos de representación popular; dispone la obligación de informar sobre el estatus de deudor en las actas de manifestación tanto en el matrimonio como en los acuerdos de unión civil y una cuestión adicional que definió esta ley es que en los casos en que se pretenda ejercer control económico sobre la mujer o los hijos provenientes de una relación en común, es considerado como violencia intrafamiliar.

Con su práctico contenido, esta Ley 21.389 aporta a una efectiva igualdad social permitiendo que se concrete una de las más antiguas aspiraciones de las mujeres: igual repartición de las obligaciones más importantes que porta la vida, la de los hijos.

Hellen Pacheco,

doctora, investigadora Instituto de Investigación

en Derecho Universidad Autónoma de Chile