Los municipios del país concentraron buena parte de su acción en atender la renovación de los permisos de circulación. Durante marzo, los automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons, camionetas y carros o remolques para acoplar a vehículos motorizados, debieron renovar la autorización para circular. En mayo deberán hacerlo los taxis y los buses, y en septiembre los vehículos de carga, como camiones.

Para la renovación, se requiere presentar el permiso de circulación del año anterior, tener actualizado el Seguro Obligatorio contra Accidentes Personales (Soap), la revisión técnica y análisis de gases al día (o certificado de homologación si el vehículo es nuevo), y no aparecer en el registro con multas pendientes. El plazo para cumplir el trámite venció el 31 de marzo. Pagar la renovación fuera de plazo, implica una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, a la que se le suma el IPC, y si el automovilista es sorprendido circulando sin la autorización, la sanción va de 1,5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales.

Marzo, que acaba de finalizar, representa, sin duda, el mes de mayores gastos para las familias, considerando primero la compra de los uniformes y los útiles escolares, el pago de matrículas. Y ahora en abril se agregará el pago de la primera cuota de las contribuciones de bienes raíces.

Por eso, algunos analistas han cuestionado desde hace años que el pago de los permisos de circulación vehicular y todos los anexos que ello significa, tenga que realizarse en marzo.

Tal vez sea una de las explicaciones por las cuales una buena parte de los automovilistas deja el trámite de renovación del permiso para última hora.

Se recuerda que en el 2009 la entonces senadora Soledad Alvear expuso una propuesta - apoyada por la Asociación de Municipalidades y la Agrupación de Automovilistas Unidos de Chile- para postergar de marzo a junio el pago de los permisos de circulación con el objeto de aliviar la carga de compromisos y hacer una mejor distribución de ella, iniciativa que no tuvo el avance que se esperaba. Tal vez sea el momento de retomar el tema y adoptar una decisión.

Lo que antes de la pandemia era un tema controlado que pasaba casi inadvertido salvo por situaciones puntuales, con la crisis sanitaria se transformó en una amenaza, y hoy a inicios del cuarto mes de 2022 es ya es un enemigo peligroso declarado: la inflación. Definida como el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo, medida en Chile a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Reduce el poder adquisitivo del dinero, es decir, con el mismo ingreso nominal se pueden comprar menos bienes y servicios, lo cual erosiona los ingresos reales y el presupuesto familiar, en especial de los más vulnerables, ya que ellos destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de bienes necesarios y además poseen menos herramientas y productos financieros para protegerse de los dañinos efectos del alza en los precios, es por esto que es también conocida como "el impuesto de los pobres". El IPC de enero y febrero 2022 registró una variación mensual de 1,2% y 0,3% respectivamente, con lo que en apenas 2 meses del año ya se acumula un alza de 1,5%; mientras que la variación del IPC a 12 llegó a 7,8%. Algunas divisiones más relevantes del IPC en cuanto a su ponderación presentan importantes aumentos en 12 meses: Alimentos (8,4%); Vivienda y servicios básicos (7,0%); Transporte (19,5%). A nivel de productos, se anotan variaciones a 12 meses: Pan (13%); Carne de vacuno (23,3%); Gasolina (31,3%); Automóvil nuevo (20,6%).

Recordemos que el Banco Central de Chile establece una meta de inflación de 3% en el horizonte de 2 años, es lo que se considera saludable para la economía.

En 2020 se cerró con una inflación anual de 3,0% cifra razonable y en línea con el objetivo de política monetaria. En 2021 el escenario cambia y se dispara la inflación cerrando el ejercicio anual con un 7,2% (la más alta en 14 años) evidenciando ya un problema de fuerte aumento en los precios, producto del excesivo aumento del gasto que generó desequilibrios en la economía.

En el Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo 2022, el banco central señala: "la mayor inflación está teniendo efectos significativos en las familias, y sigue respondiendo principalmente al excesivo incremento del gasto de los últimos trimestres…". El informe anticipa incluso niveles cercanos a 10% a mediados de año. Se proyecta una inflación anual de 8,2% para 2022; para 2023 un 3,4% y para 2023 un 3,0%. El instituto emisor agrega que la inflación se ha transformado en un problema muy importante para el país, por tal razón se decidió elevar la tasa de política monetaria a 7%, su mayor nivel en 13 años.

Patricio Ramírez R.,

coordinador Observatorio Económico

y Social Universidad de La Frontera