"No se va a retomar el Estado de Excepción, porque creemos que no es coincidente con el proceso de diálogo que queremos llevar a cabo en La Araucanía, en donde tenemos un problema histórico y multidimensional". Esas palabras fueron pronunciadas por el delegado presidencial regional, Raúl Allard, el pasado 22 de abril, cuando salía del Hospital Regional tras visitar al camionero Ciro Palma Toro, quien esa mañana había sido gravemente herido a bala por encapuchados en la Ruta 5 Sur, cerca de Pidima.

Mucho ha pasado desde entonces. Numerosos y graves atentados incendiarios, una movilización de camioneros y trabajadores forestales -que se extendió por seis días- y el anuncio de la ministra de Interior, Izkia Siches, quien este lunes por la noche confirmó que se declaraba Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Fue el mismo delegado Raúl Allard quien, este martes, debió salir a defender y justificar el Estado de Excepción, indicando que se enmarca dentro de una propuesta de Gobierno más grande -llamada "Plan Buen Vivir"- que incluye millonaria inversión y "agenda indígena".

"Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia declarado es de carácter acotado a las rutas principales y secundarias. En este marco, lo importante es que va a permitir la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras, entregará la seguridad que se está demandando y que es necesaria para poder llevar a cabo e implementar todas las acciones que este Gobierno quiere desarrollar, en el marco de inversión pública, los diálogos territoriales y políticos, que son fundamentales para poder dar una respuesta estructural a problemas estructurales que viene arrastrando La Araucanía", explicó Allard.

"Se dio la necesidad de adoptar la decisión de un Estado de Emergencia. Las medidas de seguridad no están escritas en piedra. Esta medida es excepcional", insistió el delegado.

"plan buen vivir"

Desde el Gobierno recalcan que el Estado de Excepción es "un eje" de un plan más grande llamado "Buen Vivir", que también se hace cargo de la demanda de restitución de tierras y reimpulsa -nuevamente- la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, entre otros puntos.

Sobre eso, Allard destacó que se inyectarán 400 mil millones de pesos para la construcción de rutas, sistemas de agua potable, postas de salud, consultorios y más infraestructura.

"Es un programa ambicioso en inversión pública y ningún Gobierno, desde la vuelta a la democracia, había establecido un plan de estas características para afrontar la situación en La Araucanía y poder sacarla del rezago que hay en muchas comunas", agregó Raúl Allard.

Diputados de oposición recordaron el "Plan Araucanía 7", el "Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía" y el "Plan Impulso" que fueron los programas de inversión pública, fomento productivo y agenda indígena en los gobiernos de Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2, respectivamente.

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"El "Plan Buen Vivir" contempla tres ejes muy importantes: reconocimiento de pueblos originarios; parlamentos territoriales; y seguridad (...) y en seguridad, nada está escrito en piedra".

Raúl Allard,, delegado presidencial regional

400 mil millones de pesos inyectará el Gobierno en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía obtuvo la primera condena de cuatro personas por el delito de lavado de activos, tras acreditar la compra de bienes, inversiones y movimientos de dinero realizados con el objeto de ocultar el origen ilícito de las millonarias ganancias obtenidas del tráfico ilícito de drogas en la Región.

En un primer juicio, O.B.M. y su hijo F.Ll.B., fueron sentenciados a cumplir la pena de tres años y un día de presidio. F.Ll.B había sido condenado en 2018 y 2019 por microtráfico y tráfico de drogas.

Mientras tanto, en un segundo procedimiento, resultaron condenados N.A.P. y su pareja A.S.P., a las penas de 3 años y 541 días de presidio, respectivamente. Ambos habían sido condenados en 2019 por infracción a la Ley de Drogas.

El fiscal Cristián Crisosto explicó que se trató de investigaciones de gran complejidad desarrolladas junto a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

La Fiscalía y la PDI lograron establecer, mediante pericias contables y estudios de las cuentas bancarias, que las personas condenadas incorporaron el dinero sucio del narcotráfico al mercado formal a través de empresas de papel o la compraventa de vehículos o propiedades.

En el primero de los casos utilizaban una lavandería como fachada para el blanqueo de los dineros. "Este dinero sucio se mezclaba con dinero limpio. Y ese dinero limpio es el que provenía de un ejercicio de una actividad comercial, de una lavandería. Se logró establecer que en un periodo de 3 años, del 2017 al 2020, se incorporaron a ese negocio $750 millones, de los cuales al menos $450 millones eran dinero en efectivo, mientras los ingresos no superaban los $220 millones", explicó el fiscal Cristian Crisosto.

El tribunal además ordenó el comiso de $30 millones de pesos en bienes comprados con dinero sucio: propiedades y siete vehículos.

La Fiscalía ordenó diligencias para establecer la causa de un incendio que afectó una casa y destruyó un automóvil, en la comuna de Angol.

El hecho fue reportado a eso de las 23 horas de este lunes en el fundo Vista Hermosa, en el sector Santa Elena, ubicado por el camino hacia Collipulli.

El inmueble resultó afectado en una pared y el auto quedó completamente quemado. El cuidador del fundo dijo que no vio ninguna persona, así como tampoco se encontraron lienzos o panfletos que permitan presumir intencionalidad.