"No tenemos por qué sufrir nosotros las consecuencias de una guerrilla terrorista y de un Estado inoperante"
"Hoy tenemos operando en el sur de Chile guerrillas terroristas, que se dedican al narcotráfico, que roban madera, pero que al final del día son guerrillas terroristas. Si estamos dándonos cuenta de que tenemos un enemigo interno, la Constitución faculta al Presidente a tomar las medidas que debe tomar, las que sea".
Con su franqueza que la caracteriza, la diputada por La Araucanía, Gloria Naveillán, desmenuza el acontecer de los últimos días en La Araucanía, dejando en claro que para ella lo primero a analizar es el gran tema del Estado de Derecho y la seguridad.
"Se requiere de un Estado de Excepción pleno, como lo establece la ley. Esto de quitar ciertas cosas, de reducirlo a ciertos lugares, está más que demostrado que no está funcionando", asegura la parlamentaria.
-¿Esto está superando a Carabineros?
-Absolutamente, acá un problema es que además Carabineros no tiene ni siquiera los elementos necesarios para enfrentar esto. Cuando llegan a Quidico 60 personas vestidas de mapuches, aunque no tengo idea si habrán sido mapuches o no, y amenazan a Carabineros dándoles un plazo de tres horas para que se retiren del lugar y Carabineros finalmente decide retirarse, es una señal de que no tienen la capacidad de afrontar estos temas.
-¿Qué opina del proyecto del diputado Ojeda que apunta a la ayuda internacional para tipificar esta ORT como organizaciones criminales?
-Me parece bien, pues además esto va de la mano con algo que nosotros logramos en la Comisión de DD.HH., hace unas tres semanas, con el diputado Johannes Kaiser, donde mediante un informe de la Biblioteca del Congreso se determinó quiénes son sujeto de tener sus derechos humanos violados y quiénes pueden ser tipificados con violadores de esos derechos, y en ese informe se establece claramente que los grupos organizados como los que tenemos en la zona, la CAM y todas sus ORT, son grupos que pueden ser catalogados como violadores de derechos humanos, lo cual es un delito de lesa humanidad. Esto abre la puerta a que internacionalmente puedan ser catalogados así, pero además internamente en el país y en las cortes internacionales, estos grupos pueden ser perseguidos por el delito de violación a derechos humanos, y ojo, el Estado de Chile según ese informe, también puede violar los derechos humanos por omisión.
-Y lo que ocurre aquí en la macrozona, ¿viola los DD.HH.?
-Yo creo que acá ocurren dos cosas: tenemos grupos organizados para violar derechos humanos, lo que está demostrado con los atentados, los asesinatos, los incendios, pero además acá el Estado de Chile está violando los derechos humanos de los habitantes del sur de Chile por omisión, pues no basta con que presenten querellas, con que hagan declaraciones, ellos tienen herramientas hoy día de acuerdo con la Constitución para enfrentar lo que son estas guerrillas terroristas y el Estado, como tal, jamás lo ha hecho. No hablo solo de este gobierno, hablo como Estado.
-Le parece justificable el breve comunicado de la CAM desmarcándose de la muerte de Juan Catril Neculqueo, señalando que ellos no matan personas?
-Es que eso no es tan así, nosotros sabemos que ha habido muchos hechos donde han muerto personas y que sí se los ha adjudicado la CAM. Recordemos lo que ha pasado en Carahue, donde ha habido personas fallecidas y donde efectivamente han sido atentados cometidos por la CAM. Esto de que salga tan rápidamente a lavarse las manos respecto de este hecho, no les creo. Y en segundo lugar, da lo mismo quién haya sido pues todas las ORT que existen hoy nacieron en la CAM.
-Qué opina de los dichos del Presidente Boric respecto a que no persigue declaraciones?
-Yo creo que un Presidente, sea quien sea, tiene que gobernar para todo el país, tiene que hacer cumplir las leyes y tiene que hacer todo lo que le corresponde. No puede permitir que su ideología se interponga en su cumplimiento de la ley.
-¿Cómo considera el desempeño del delegado Allard, en el contexto de la crisis que vive la Región?
-Creo que aparte de declaraciones que han sido las mismas que hemos escuchado de todas las autoridades anteriores, no ha marcado mayor diferencia.
-¿Cuál es su opinión respecto a los dichos de la diputada Ñanco, que señala que hubo presiones por parte de los camioneros para el Estado de Excepción?
-Yo creo que tanto la diputada Ñanco como muchas otras personas que comparten su ideología, han tendido a focalizar su problema en las forestales. Yo no creo que las forestales sean santas ni mucho menos, siento que en buena medida son culpables de mucho de lo que sucede, y además desde el gobierno pasado están negociando la venta de sus tierras, en el fondo a la empresa forestal lo que le interesa es el negocio de la madera, quien sea dueño de la tierra poco les importa, por lo tanto me imagino que estas conversaciones han seguido con este gobierno, tal como dijo la ministra de Desarrollo Social, y es muy probable que lleguen a un acuerdo y que vía Bienes Nacionales compren una cantidad importante de hectáreas que pertenecen a forestales. Yo creo, entonces, que enfocarse solo en las forestales como causa del problema es un error.
-¿Es suficiente el Estado de Excepción?
-Yo creo que acá el Presidente gobierna a todos los habitantes del país, y en esta Región no tenemos por qué sufrir nosotros las consecuencias de una guerrilla terrorista y de un Estado inoperante, eso no es justo, eso es violar nuestros derechos humanos. Por lo tanto, si el Presidente habla de los derechos humanos, la calidad comienza por casa, acá estamos viendo nuestros derechos humanos violados y él es el único que tiene las herramientas para frenar esto. Si es necesario un Estado de Excepción o un Estado de Sitio, es algo que hay que determinar de acuerdo a las circunstancias. Yo pienso que un Estado de Excepción como el que tenemos hoy no es suficiente.
-¿Qué opina de las amenazas de muerte a alcaldes?
-Las amenazas que ha denunciado el presidente de la Amra y recibidas por al menos seis alcaldes de La Araucanía, no son las únicas, aquí hay autoridades amenazadas, parlamentarios, fiscales y jueces, probablemente gente del Gobierno también. ¿Quiénes emiten estas amenazas? El crimen organizado, que sigue actuando de forma impune básicamente porque este Congreso no ha legislado respecto al tema, porque el Ejecutivo no ha mandado el proyecto de ley ni tampoco le ha puesto urgencia.