El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la Ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam).

La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. En caso de que la agresión genere una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días, la sanción será de 541 días a cinco años de presidio.

Esta ley ha sido muy importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años.

En varios servicios de salud se han adoptado medidas, como la contratación y reforzamiento de la presencia de guardias en los establecimientos; se cerraron algunos espacios para que los funcionarios estén separados del público; se instalaron vidrios de seguridad en algunos centros ubicados en sectores más críticos, y se colocaron cámaras de seguridad y botones de pánico para alertar en caso de un ataque. Asimismo, se dieron instrucciones a los directores de los recintos asistenciales para que ejecuten las acciones judiciales que corresponda cuando hay ataques a los trabajadores bajo su dependencia.

Cuando se agrede a un funcionario, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que se provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, que incitan a la renuncia del personal, lo que ocasiona efectos para todo el sistema de atención.

Cada vez que recibimos un producto físico en nuestro hogar, comprado de manera remota, se ha desarrollado todo un proceso logístico para lograr este fin. Es así que prácticas como pedir comida a través de alguna aplicación y esperar la entrega en casa, se ha vuelto una situación cotidiana, sin embargo, queda oculto todo el proceso de la logística de última milla involucrado en ello.

Es claro que todos esperamos que la logística de última milla sea eficiente, logrando recibir nuestros productos en la calidad, cantidad, tiempo y condiciones esperadas. Pero esto no es gratis. Las empresas deben esforzarse para lograr cumplir con las crecientes expectativas de los clientes, operando dentro de los márgenes de costos que les permiten ser competitivas en el mercado. Y no solo eso, su proceso de distribución debe ser sostenible en el tiempo, es decir deben apuntar a mitigar el aumento del tráfico, ruido, y contaminación, implícito en el proceso, como también lograr alcanzar una reducción de la huella de carbono entre otros elementos.

Esto no es tarea fácil, y no depende solo de la empresa. Un proceso logístico eficiente y sostenible involucra la interacción cooperativa y coordinada de las empresas (productores, distribuidores, etc.), los clientes (o consumidores), y las autoridades locales y gubernamentales.

Es por esto que países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Brasil han estado desarrollando investigación sobre los problemas involucrados en la sostenibilidad de la Logística de última milla, y buscado alternativas de solución. Es así, que se han estudiado, por ejemplo, el uso de sistemas de despacho con vehículos eléctricos, bicicletas, e incluso drones, para mitigar la contaminación y la producción de gases de efecto invernadero. También se han probado tecnologías y modelos matemáticos para diseñar sistemas eficientes de ruteo, de despacho de producto, de seguimiento de carga, para evitar el aumento de la congestión vehicular. Asimismo, se ha trabajado en el diseño de políticas públicas, que aportan en la línea de proveer un ordenamiento apropiado de la expansión de las ciudades, como también un marco legislativo que permita un funcionamiento sostenible en el tiempo.

Tenemos mucho trabajo por hacer, pero se debe realizar en conjunto y de manera organizada, donde todos los actores involucrados tienen que aportar positivamente, su grano de arena.

Dafne Lagos Hurel

Ingeniero Civil Industrial, directora

Departamento de Procesos Industriales, UCT