El Austral

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Gendarmería la entrega de una copia con todos los antecedentes que se consideraron para tomar la decisión de denegar o conceder solicitudes de beneficios intrapenitenciarios de Celestino Córdova, y Luis y José Tralcal, quienes están en prisión condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger- Mackay en enero del 2013.

El requerimiento abarca el período en que las personas condenadas han estado cumpliendo condena en recintos de Gendarmería y se refiere no solo al texto de las resoluciones favorables o desfavorables adoptadas por la institución, sino también a todo antecedente que se haya tenido en vista para adoptar estas decisiones, tal como lo dispone la Ley de Transparencia.

Solicitud

En el caso de Córdova se pide información desde marzo de 2013 hasta mediados de 2022 y en el de los primos Tralcal desde el 26 de febrero de 2019 a la fecha de la solicitud.

Entre las razones para mantener la reserva de esta información presentada por Gendarmería, se consideró la oposición de las personas condenadas y el hecho de que "su comunicación o divulgación provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada" acorde a lo que reconoce la Constitución. Asimismo, se alegó que contienen antecedentes que no son de libre acceso público y datos personales y sensibles. Aplicando el criterio de divisibilidad, el CPLT decidió exigir a Gendarmería la entrega previo tarjado de datos.

Sobre la decisión, el presidente del CPLT, Francisco Leturia, detalló que como organismo "tenemos que velar por el acceso a la información pública y colaborar en materias que son preocupaciones a nivel nacional, en las cuales las exigencias en materia de transparencia son cada vez más crecientes".

Importancia

Se refirió a la relevancia de la transparencia tanto en los actos públicos como en los procesos de toma de decisión: "Una cosa importante es acceder a una decisión o acto de carácter público, pero también a aquella información que se usó para tomarla. ¿Si alguien quiere conocer los beneficios carcelarios que tiene una persona condenada en el país, si los juicios son públicos, por qué esta información no se podría entregar? Más transparencia ayuda a fortalecer los procesos y alejar cualquier tipo de sospecha o eventuales privilegios que alguien pudiese tener", dijo.

En contra de la decisión del Consejo se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones en el plazo de 15 días corridos.

"Tenemos que velar por el acceso a la información pública y colaborar en materias que son preocupaciones a nivel nacional, en los cuales las exigencias en materia de transparencia son cada vez más crecientes".

Francisco Leturia,, presidente del CPLT

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El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y otros tres comuneros presos en la cárcel de Concepción, se unieron a la huelga de hambre líquida que este fin de semana iniciaron cinco miembros de la organización en protesta por su traslado desde la Región de La Araucanía hasta el Centro Penitenciario de Valdivia, en Los Ríos.

Lo anterior, luego de que el juez de Garantía de Lautaro, Eduardo Pérez, decretara prisión preventiva para ellos. Jorge Cayupil, Luis Fuenzalida, Juan Carlos Mardones, Luis Menares y Pelantaro Llaitul Pezoa, este último, hijo de Héctor Llaitul, los que están detenidos y son investigados por los ataques a una parcela ubicada al norte de Temuco, donde resultó destruido un campamento de brigadistas forestales, y al fundo San Luis de la Ruta Lautaro-Galvarino.

A través del medio mapuche Werkén Noticias, los imputados anunciaron que "nos declaramos en huelga de hambre líquida, asumiendo esta acción de lucha hasta las últimas consecuencias".

Además, manifestaron su protesta por estar en Valdivia. "Lo anterior vulnera nuestros derechos, desterrándonos y alejándonos de nuestras familias y comunidades, lo que agrava nuestra prisión preventiva", puntualiza el comunicado.

Exigencias

El documento puntualiza tres exigencias: el traslado inmediato a Temuco; condiciones carcelarias y trato digno a las visitas (familias, autoridades ancestrales y comunidades), de acuerdo a nuestra condición de pu weychafe del Pueblo Nación Mapuche y por último abonos y beneficios carcelarios para Daniel Canío Tralcal.

4 son los comuneros que están en huelga de hambre en la cárcel de Concepción.

La senadora Carmen Gloria Aravena pidió al Gobierno otorgar urgencia al proyecto que sanciona como falta grave a quienes realizan huelgas de hambre en las cárceles.

"Las huelgas de hambre iniciadas por Héctor Llaitul y su hijo Pelantaro, reafirman la importancia que tiene tramitar con rapidez la iniciativa legal que presenté junto a los senadores García Ruminot y Walker, ya que se trata de una medida de presión que se utiliza con el objetivo de obtener beneficios carcelarios, lo cual es inaceptable", puntualizó.

"Esta acción la vienen utilizando reiteradamente personas condenadas o formalizadas por delitos graves registrados en la Macrozona Sur, pertenecientes a las orgánicas radicales que operan en esa parte del país", agregó.

Si la iniciativa legal estuviese rigiendo hoy, esta conducta sería sancionada como una falta grave para cualquier recluso, ya que actualmente es considerada solo un falta simple dentro del reglamento penitenciario y no aplica a internos con origen étnico", agregó.

"Hago un llamado al Gobierno a que acelere la tramitación del proyecto para que estas situaciones no se repitan, porque se trata de una medida de presión con fines políticos", finalizó.