El robo de madera es producto y síntoma de la crisis de seguridad por la que atraviesa la Macrozona Sur y que se ha extendido al resto del país. El no cumplimiento de las leyes, la desidia en la persecución penal por parte de los organismos responsables, la impunidad reinante, entre otros elementos, han extendido sobre la Región y el país una sombra que desafía al sistema democrático y la libertad de los ciudadanos.
Este es el contexto de las conclusiones y recomendaciones a las que llegó la Comisión de Robo de la Madera en la Macrozona Sur de la Cámara de Diputados, instancia en donde se abordó este fenómeno criminal durante los últimos cuatro años, así como las acciones conjuntas de los organismos del Estado para prevenir estos hechos.
La comisión acota, a modo de contexto, que el robo de madera "se enmarca en la crisis de seguridad" y que surge "como una oportunidad criminal rentable", debido "al control territorial del crimen y la ausencia de la fuerza del Estado para aplicar la ley e imponer el Estado de Derecho".
Asimismo, y de acuerdo a los testimonios recabados, advierten que "no es posible concluir, bajo ninguna circunstancia, que exista un vínculo entre la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos indígenas con la organización delictual en torno a la sustracción de madera".
CONCLUSIONES
La Comisión advierte que sus recomendaciones "pueden ser una de las pocas oportunidades que tenga el Estado chileno antes de que la el crimen organizado mute en una cosa más letal y poderosa".
De este modo, las conclusiones son respecto del rol de las policías, el Ministerio Público, el apoyo logístico y tecnológico para una mejor fiscalización, además de la necesidad de un marco legislativo.
Suman como recomendaciones la necesidad de "fortalecer la contrainteligencia y la probidad" y que dada la magnitud del ilícito: "No se puede descartar que en algunas instituciones públicas la corrupción esté instalada".
Piden además "prestarle atención, no solo al robo de madera, sino también a la tala ilegal de bosque nativo, sobre todo, en predios fiscales". Y que Conaf calcule periódicamente la cavidad utilizando tecnología satelital.
Asimismo, los diputados recomendaron "impulsar una modificación legal que permita a la Dirección General del Crédito Prendario", más conocida como la Tía Rica, "vender o rematar de forma rápida los camiones y la maquinaria decomisada", destinando dichos recursos a los organismos encargados de perseguir el crimen organizado de robo de madera.
El diputado Miguel Mellado (RN), quien fue uno de los miembros de la instancia investigativa, aseguró que "le vamos a hacer seguimiento a esto, vamos a ir los ministerios para apurar los proyectos de ley que sean necesarios y también la forma en como las instituciones del Estado están tomando las conclusiones de esta comisión investigadora".
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"Sugerimos que en Carabineros, la PDI y la Fiscalía hagan una rotación permanente de sus cuerpos de personas a cargo de investigaciones, ya que pueden estar en peligro e incluso amenazadas".
Miguel Mellado,, miembro de la comisión