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"Hice la denuncia como cualquier chileno común y corriente (...) y estoy evaluando otras acciones legales, como por ejemplo, un recurso de protección contra el Presidente y la ministra Tohá".
Mauricio Ojeda,, diputado (Ind.-Rep)
En la querella presentada por la Delegación Presidencial Regional (DPR) se lee que "la amenaza de muerte es un hecho grave" y apunta que los diputados Miguel Mellado y Mauricio Ojeda han mantenido "una participación activa en la región con el fin de cumplir las funciones propias de su cargo, no siendo lícito que reciban amenazas de muerte por ello". "El respeto a la vida e integridad de las personas es un bien jurídico que debemos proteger de forma transversal, sin considerar la postura política que tenga cada uno", indica la acción judicial.
El diputado Miguel Becker (RN) solicitó oficiar al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) para que se entregue detalles del financiamiento y gasto sobre el recientemente estrado "Gobierno informa", una transmisión web realizada a través del canal de YouTube del Gobierno de Chile.
El oficio enviado por Becker busca que la ministra vocera, Camila Vallejo, entregue información sobre el "presupuesto anual, costos y contrataciones en relación con esta iniciativa".
Además de esto, Becker pidió conocer "los detalles del informativo, objetivos generales y específicos, las prioridades del espacio, costos de producción y logística", y agregó la necesidad de saber "si se realizaron contrataciones externas, por ejemplo a través de una productora, o bien si se compraron equipos.
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (Demig), en virtud a un requerimiento efectuado por la Prefectura Provincial Malleco de la PDI, realizaron diversos controles a extranjeros, focalizados en locales comerciales ubicados en el centro y vulcanizaciones del sector oriente de la ciudad de Angol.
El subprefecto Marco Jalife, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, explicó que "en este procedimiento se ubicó y denunció a ocho ciudadanos extranjeros, tres venezolanos y cinco de nacionalidad china, todos por infringir el Artículo 32 N° 3, de la Ley 21.325, de Extranjería y Migración, es decir, ingreso por paso no habilitado".
Todos ellos fueron denunciados a la autoridad administrativa, que en este caso corresponde al Servicio de Migraciones de La Araucanía de la Gobernación Regional, quedando sujetos a control de firma en dependencias de la PDI, mientras esperan la resolución correspondiente a cada situación.
Asimismo, se ubicó y notificó de sus respectivas resoluciones de expulsión a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.