La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que permite acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional y cuyo objetivo es hacer frente a la renovación masiva de licencias de conducir, situación que afecta a distintos municipios.

El texto precisa que se aplicará a quienes soliciten la renovación de licencia no profesional, es decir, clase B o C, o una licencia especial.

Hay que recordar que nuestra legislación cuenta con diversos tipos de documentos que habilitan para conducir un vehículo, comenzando con la licencia A, que en sus diversos tipos está destinada al manejo de taxis, ambulancias o vehículos motorizados de transporte público y privado. También se incluyen los vehículos de transporte remunerado de escolares y aquellos de transporte público y privado de personas, sin limitación de capacidad de asientos, además de los vehículos de carga de cierto tonelaje.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas prorroga además la vigencia de las licencias cuyo control correspondía realizar los años 2020, 2021, 2022 y 2023, es decir, los últimos cuatro años y se entenderán vigentes hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva, pero del año 2024.

Pese a las cifras entregadas, hay un tema que ha sido mencionado, pero no abordado en su totalidad, como es la importancia de iniciar un trabajo más profundo y considerar la modernización del sistema de obtención o renovación de licencia de conducir, porque hoy no existe un sistema interconectado entre los diferentes servicios que forman parte del trámite.

El estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera, analizó las cifras de denuncias por convivencia y violencia escolar entre el año 2019 y el año 2022, emanadas de la Superintendencia de Educación. El número de denuncias ingresadas en 2022 relacionadas al ámbito de Convivencia escolar llegó a 12.052 casos, representando el 75% del total de denuncias país y revelando un alza de 37% en relación a 2019. Asimismo, las mayores alzas en los temas del ámbito de Convivencia fueron Maltrato, entre párvulos y/o estudiantes y de adultos hacia párvulos y estudiantes (62,8%), Medidas disciplinarias de suspensión y expulsión (10,4%), Discriminación, especialmente por necesidades educativas especiales y permanente (10,2%) y Situaciones de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes y de adulto a párvulos y/o estudiantes" (9,4%). Este resultado se observó en todas las regiones del país.

Estos resultados se explican, en parte, por el contexto de pandemia. Lo cierto es que revelan una tendencia al alza de la violencia escolar, tendencia que viene desarrollándose desde las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos de la política pública. Y representa un problema de magnitud grave para nuestra sociedad presente y futura. En esta perspectiva, existen dos grandes áreas de estudios para comprender la violencia escolar. La primera, estudios desde una perspectiva sociológica y antropológica que identifican el origen de la violencia escolar en las condiciones estructurales económicas, sociales y culturales de nivel global, por tanto, el origen de la violencia es externo a la escuela. La segunda área, los estudios que explican la violencia escolar a partir de las características individuales de las personas (el carácter, por ejemplo, o los comportamientos no deseados), psicologizando la violencia y responsabilizando al individuo. Sin embargo, actualmente sabemos que estos estudios poseen limitaciones pues la violencia escolar es un constructo multidimensional y multifactorial. Es necesario realizar estudios sistémicos, integrales y sostenidos en el tiempo, con intervenciones en la escuela que involucren a los diferentes integrantes de la comunidad educativa.

Buscar soluciones para frenar la violencia escolar es, por tanto, un esfuerzo sistémico y sostenido que como país debemos asumir. Las políticas en educación para la convivencia escolar debiesen ser sistemáticas, de largo alcance pues implica, además de procesos de diseño y gestión de la convivencia, el desarrollo de competencias socioemocionales en todos los actores de la comunidad educativa. Son los adultos los que primero deben capacitarse y reencantarse con el proceso pedagógico y el compromiso formativo. En esta perspectiva, la evidencia científica es contundente, no hay efectos positivos significativos en la convivencia de una escuela mientras sus grupos directivos no estén altamente capacitados y ejerciendo un liderazgo que movilice y refuerce los compromisos y el esfuerzo constante para frenar la violencia y aumentar el bienestar escolar.

Mónica Bravo Sanzana,

directora Observatorio de Ciudadanía, Convivencia

y Bienestar Escolar en La Araucanía (OCCBE)