El robo de cables de electricidad y de telecomunicaciones es un delito que a nivel nacional afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía. El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicados a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.

Este delito ha aumentado de manera explosiva a nivel nacional desde 2022, registrándose muchos casos. El hurto de este tipo de material se ha transformado en el nuevo negocio ilegal de las bandas.

Las empresas señalan que es relevante generar conciencia y fomentar la denuncia por parte de la ciudadanía. La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados.

Para las empresas de distribución eléctrica es fundamental que se aprueben nuevas propuestas legislativas para enfrentar de mejor manera este complejo escenario. Hay proyectos de ley que están en el Congreso, que proponen que este ilícito tenga un tratamiento similar al robo de madera, con el fin de dar los incentivos necesarios para que el Ministerio Público investigue y se intente desbaratar a las bandas que están detrás de esto.

Las comunidades escolares deben definir el camino que seguirán para que los niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar los aprendizajes esperados en los distintos niveles educativos y así desarrollar habilidades que les permitan explorar los desafíos del siglo XXI.

Para que esto ocurra, es responsabilidad del Ministerio de Educación en cada territorio garantizar las condiciones necesarias para el adecuado despliegue de la política educativa.

Es en este contexto en el cual toma relevancia el proceso asociado al Proyecto de Ley de Fortalecimiento a la instalación y administración del sistema de Educación Pública presentado por el Ministro Nicolás Cataldo; y que en el caso del futuro Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Cautín Sur, se dirige especialmente a las comunidades educativas de Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Melipeuco, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón y Villarrica.

Territorio que como departamento provincial estamos llamados a acompañar y asesorar tanto a los equipos de gestión y encargados de escuelas en el desarrollo de sus Proyectos Educativos, considerando que la participación de todos los actores es fundamental para que la política pública se conecte efectivamente con las necesidades reales de cada comunidad educativa.

Lo anterior, implica dar respuesta directa a más de 19 mil estudiantes y sus familias, con quienes se establece un compromiso que incluye mejorar las condiciones administrativas y de infraestructura para el uso adecuado de los recursos educativos, pedagógicos y tecnológicos.

Porque la Educación Pública Avanza no es sólo un slogan, sino la máxima que como Gobierno hemos implementado en el quehacer educativo. No basta con enseñar, debemos aprender a ser agentes de cambio desde las aulas hasta los espacios de decisión, que promuevan una educación con y para los territorios.

Nicolás Masciocchi Muñoz,

sociólogo