A pesar del, hasta ahora, positivo proceso de vacunación masiva en Chile, lo concreto que el trabajo virtual o teletrabajo ha sido un modelo que llegó para instalarse definitivamente en nuestro país. El teletrabajo se define como una forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae beneficios tanto al empleador como al trabajador, y a la sociedad a largo plazo, cuidando el medio ambiente.

En ese sentido, es fundamental analizar los desafíos que se vienen y uno de ellos será nuestra vinculación con las plataformas de videoconferencias, principalmente en las clases online.

Por ello, en esta etapa, es muy relevante difundir y fortalecer el equilibrio entre tomar atención e interactuar con los compañeros y el ambiente, lo que, sin duda, será importante para mejorar la experiencia, además de impulsar la participación a través de distintas herramientas por quien convoca el encuentro online.

Eduardo Castillo, periodista y académico de la Facultad de Comunicaciones y Artes Universidad de Las Américas, plantea que en un año donde Chile comenzará a redactar su nueva Constitución y ante la evidencia de la pandemia sobre la desigualdad en la calidad al acceso a internet, se deben considerar las palabras de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien señaló que "el gran problema que tenemos es que el 50 por ciento de los hogares de Chile no tiene internet fija y eso es muy dispar".

Esto explica imágenes vistas en pandemia de alumnos subidos al techo de su casa en zonas rurales de nuestra Región de La Araucanía para tener algo de conexión. Es así como urge avanzar en la garantía del Estado para el acceso universal a internet. "Conectarse" dejó de ser solo una entretención y es fundamental para cumplir con tareas esenciales tanto para el diario vivir, como para el desarrollo educacional y profesional.

Un oscuro y sombrío panorama plantea en su reciente informe anual "Panorama social de América Latina 2020", la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que estima que el total de personas pobres en América Latina ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. La pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 en América Latina niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, debido a la pandemia del covid-19 y pese a las medidas de protección social de emergencia que los países han adoptado para frenarla. El informe señala que la pandemia "irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres".

Según las nuevas proyecciones de la Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares.

El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del covid-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.

Patricio Ramírez,

coordinador OES-Ufro