La conmemoración del segundo aniversario del estallido social, este lunes, estuvo marcada por multitudinarias marchas en varios puntos del país, pero también se vio empañada por graves hechos de violencia, destrucción de mobiliario público y saqueos que ocurrieron hasta la madrugada de este martes.

"Estamos en presencia de algunos delincuentes y me refiero a quienes van y utilizan estas fechas para delinquir, para saquear, para quemar, robar, para atacar a Carabineros, para atacar a civiles, y atacar propiedad pública y privada", evaluó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado sobre los hechos producidos en el contexto de 232 manifestaciones en el país.

Según Carabineros, se generaron 109 barricadas, 35 saqueos -evitándose más de 300 gracias a denuncias ciudadanas- y 12 atentados incendiarios, principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.

Llamaron especialmente la atención el ingreso de saqueadores al Mall Arauco Quilicura en una micro del Transantiago para derribar el portón de entrada y el robo de 100 millones de pesos desde un BancoEstado de Maipú, aprovechando el caos en la comuna.

Además, se reportaron 49 actos de desórdenes, 13 ataques a cuarteles policiales y 15 atentados contra la autoridad. Fueron 19 mil efectivos desplegados para controlar el orden público, de los cuales 45 resultaron heridos. Además de ellos, 450 personas fueron detenidas por desórdenes y daños, 11 fueron heridas y dos fallecieron.

Dardos en la moneda

En la evaluación del "día después", el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, apuntó a quienes tuvieron "responsabilidad" en los hechos de violencia registrados. "Este nivel de violencia no es tolerable en una sociedad democrática", dijo, apuntando a "los responsables finales de esta violencia" que, a su juicio, "son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia".

"Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez; quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yasna Provoste; quienes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio Gabriel Boric; o Fernando Atria, que le atribuye la maternidad de la constituyente a la violencia", lanzó Galli.

Sus palabras fueron, luego, ratificadas por el vocero de La Moneda. Jaime Bellolio descartó "aprovechamiento político" en sus dichos, calificándolo como una "opinión". "No basta con tuitear, hay después que accionar, tener un correlato entre lo que se dice en Twitter y lo que se hace; no basta con decir 'condeno la violencia' al mismo tiempo que propongo un proyecto de indulto", explicó el ministro de la Segegob.

OPOSICIÓN: INTERVENCIÓN

Uno de los aludidos, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, acusó que "una vez más, el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia en vez de cumplir su rol". Por ello llamó a que "dejen de utilizar al Gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos", refiriéndose a Sichel y Kast.

Por su parte, el constituyente Fernando Atria -también mencionado por Galli- calificó como "bien increíble" lo que hace el Ejecutivo: "Pasó de culpar al gobierno anterior a culpar al gobierno que viene. Siempre este gobierno es irresponsable".

En la DC, en tanto, optaron por la vía formal y a través de un oficio ante la Contraloría, los diputados Gabriel Silber y Gabriel Ascencio pidieron investigar posible intervencionismo.

¿Hay algo en común entre los acontecimientos de hace dos años y lo que ocurrió ayer?

Aparentemente sí.

En ambos casos hubo destrucción, vandalismo más o menos desatado y un desorden generalizado en el centro de las ciudades y en los barrios. Como era de esperar, este lunes, al igual que hace exactos dos años, el epicentro fue la zona cercana a la Plaza Baquedano coronada hoy por un plinto -lo único que queda en ella- desprovisto de estatua.

Sin embargo, cuando el fenómeno se mira de cerca, esa similitud desaparece.

Porque si hace dos años el fenómeno estuvo revestido, siquiera por una delgada capa de componente simbólico, la violencia y el vandalismo de anteayer careció incluso de ese mínimo barniz y, en cambio, se reveló como pura naturaleza, simple pulsión destructora de grupos pertenecientes al lumpen, a lo que la literatura llama underclass, sumados a otros grupos más ilustrados, seguramente anarquistas a sabiendas o espontáneos, que vieron en esto una ocasión carnavalesca y orgiástica, sin sentido normativo alguno. Todas las sociedades (y sería ridículo pretender que la chilena esté exonerada de eso) anidan en su seno un potencial de violencia que se sublima y se contiene mediante las instituciones. Pero allí donde las instituciones desaparecen o entran en un periodo de reconstrucción (como ocurre hoy en Chile) resulta casi inevitable que este tipo de fenómenos ocurra y es totalmente predecible que vuelvan a ocurrir de nuevo.

La pregunta entonces consiste en cómo contener esa violencia o cómo evitarla.

Hay varias medidas para hacerlo y por lo pronto dos.

La primera alude a la índole del Estado. En la filosofía política del siglo XVII se creyó -y la receta sigue siendo válida- en lo que pudiéramos llamar la "homeopatía de la violencia". Se trata de una receta hasta cierto punto paradójica puesto que afirma que la violencia de los particulares, de los individuos, se cura con la violencia reunida en el Estado. Del mismo modo que la homeopatía cura la enfermedad con sustancias en cantidades mínimas que en porciones desequilibradas serían fatales (fármaco, en griego, significaba tanto remedio como veneno), así también el Estado moderno, el Estado de Derecho, cura la violencia que a veces se expande en la vida social aplicando la violencia en base a reglas, la violencia que por estar regulada se la considera legítima. Hay entonces que recuperar el sentido básico del Estado. El Estado es un proveedor de bienes que nos alejan (como sostienen las diversas versiones del Estado de Bienestar) del hambre; pero sobretodo es una institución que nos aleja del miedo al otro, de la violencia cotidiana. Desgraciadamente (como se ve a propósito de lo que ocurre en La Araucanía) hay pocas personas que estén dispuestas a reconocer este básico (e incómodo) papel del Estado.

La segunda es, por llamarla así, puramente intelectual. Consiste en desproveer a la violencia (como alguna vez sugirió Jorge Millas) de las máscaras tras las cuales suele ocultarse y engañar. La más popular de esas máscaras es aquella según la cual la violencia puede ser virtuosa cuando produce causalmente resultados buenos. Algo de eso parece creer la Convención constitucional (o algunos de sus miembros) cuando decide iniciar el debate constitucional el día 18, lo que constituye una manera inequívoca de atribuir su origen a lo que ese día ocurrió. Esta vinculación entre la violencia (el 18 de hace dos años) y el origen de las instituciones (la Convención) acaba reduciendo la historia a mera naturaleza, a simple fruto de procesos instintuales que no seríamos capaces de controlar.

Un Estado deslegitimado en su tarea más íntima y la violencia camuflada de historia, son dos circunstancias que, de mantenerse, acabarán reproduciendo lo de ayer.

Pero desgraciadamente en Chile nadie parece dispuesto a recordar la "homeopatía de la violencia" que constituye al Estado. Y muchos en cambio (desde luego la Convención) parecen dispuestos a mantener la máscara con que la violencia hasta ahora se presenta entre nosotros.