En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica la Ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad y mejorar los mecanismos de fiscalización y trazabilidad a través de un registro. Define que "las armas de fuego, sin importar su calibre, quedan bajo el control del Estado. Igualmente aplica para sus partes, dispositivos y piezas".

La delincuencia se ha visto potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas.

Desde hace años que en el Congreso Nacional se estudiaban los cambios a la legislación de control de armas, para hacerla más eficiente, para fortalecer la fiscalización, instalar un registro de cada arma y considerar a las municiones en la legislación. Durante el debate de esta iniciativa hubo coincidencia entre los senadores en la importancia de avanzar en la regulación de las armas en el país, sobre todo considerando que ha aumentado su uso por parte de delincuentes. Hubo opiniones que valoraron el proyecto, pero que a la vez pusieron el acento en la necesidad de atacar con más fuerza el mercado negro de su comercialización.

En la iniciativa se especifica que por arma de fuego se entenderá a aquella que tenga cañón y que dispare, que esté concebida para disparar o que pueda adaptarse para ello con municiones o cartuchos. Entre las prohibiciones que se incluyen está que ninguna persona podrá poseer o tener armas largas, cuyos cañones hayan sido recortados; armas cortas, de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensivas.

La iniciativa establece que cada una de las instituciones que componen las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, deberá mantener un Registro de Armas de Fuego, disponiendo sistemas de trazabilidad de sus armas y municiones.

Hace algunas semanas fuimos testigos de la "Cumbre del gas a precio justo" donde más de 100 ediles de todo el país se dieron cita en la ciudad de Chiguayante, Región del Biobío, con el fin de analizar una fórmula que permita a los municipios contribuir a bajar los precios del gas licuado para la comunidad. Esta iniciativa se suma a otras, ya existentes en el país, tales como las farmacias municipales.

Sin embargo, y a pesar del entusiasmo, la Contraloría General de la República salió al paso de esta iniciativa mediante un pronunciamiento que cerró la puerta a la participación de los municipios en el mercado del gas por ser ésta ilegal. Sin entrar a analizar los fundamentos jurídicos de este dictamen, quedó una ventana abierta, el asociativismo municipal.

Las asociaciones de municipalidades se reglamentan a partir de la Ley N°20.527/2011, que crea un registro único, a cargo de Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y otorga marco legal a su funcionamiento en el derecho privado. Dicho cuerpo legal define el objeto de estas organizaciones otorgando facultades que van desde la atención de servicios comunes, pasando por obras de desarrollo local, medioambiente, turismo, coordinaciones institucionales, todo con el fin de "perfeccionar el régimen municipal".

A la fecha existen en el país 67 asociaciones de municipalidades con los más diversos fines. Las hay con fines ambientales, con fines turísticos, de seguridad, asociaciones de municipios rurales e incluso de comunas mágicas. Sin perjuicio de esto, y no observando el objetivo que cada una persigue, hay un denominador común en cada uno de estos esfuerzos y este es, el deseo de construir políticas públicas pertinentes a la realidad de cada territorio.

Así como existe la necesidad de acceder a "Gas a precio Justo", sin distinción del lugar de residencia, existe también la necesidad de contar con agua potable de forma permanente, no importando si vivo en la costa o en el secano interior, así como también existe la necesidad de que nuestros residuos sean dispuestos sin afectar el medioambiente, no importando si estos provienen de una ciudad grande o un pueblo pequeño.

Todo lo señalado, bajo la perspectiva del asociativismo municipal, debe ser mirado como una oportunidad para nuestra Región, donde las instituciones descentralizadas puedan conjugar esfuerzos para llevar mejores políticas públicas a los vecinos y vecinas, y en definitiva estas acciones sean oportunas, pertinentes y sustentables.

Lo anterior, no es otra cosa que la expresión de un deseo descentralizador, un afán que han liderado alcaldes y alcaldesas de nuestro país desde que se permitió su elección popular a principios de la década de los noventa. Tuvieron que pasar 30 años para que se diera el siguiente paso con la elección de los gobernadores regionales. Ahora es momento de avanzar un poco más en ese sueño descentralizador de la mano del asociativismo municipal.

Marco Pichunman Cortés

Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Nahuelbuta

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