Andrea Arias Vega

Tras un año y medio de preparación y en el marco de la crisis de seguridad que se vive en la Macrozona Sur, 45 socios de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag) interpusieron en el Segundo Juzgado Civil de Concepción "una demanda de indemnización de daños y perjuicios por falta de servicio (tramitada según las reglas de los juicios de Hacienda) en contra del Fisco de Chile".

Así lo explica el gerente de Acoforag, René Muñoz, quien repasó junto a El Austral las razones de la demanda, su proyección y principales hitos.

Caracterización demanda

Según consigna el recurso, los 45 demandantes poseen domicilio entre Los Ángeles y Puerto Montt y "son todos contratistas forestales cuya subsistencia económica y la de su familia -desde fines de la década del 70- está indisolublemente unida a la prestación de servicios a las empresas propietarias de bosques, incluyendo su plantación, cosecha y transporte de los respectivos productos a su destino".

El dirigente explica que de un total de 130 socios, 45 son los contratistas que optaron por la demanda en contra del Estado, la cual da cuenta a modo de prueba de 102 atentados sufridos como grupo, entre 2018 y 2022.

De este modo, cada uno de ellos exhibe un promedio de 2,5 ataques en este periodo de tiempo, aunque hay algunos que por trabajar del Biobío al norte son la excepción.

Entre las normas legales aplicables a esta demanda, los abogados Juan Ignacio Correa Amunátegui, Jorge Sepúlveda Guzmán y Juan Francisco Sánchez Silva aluden a la Constitución y a las leyes de Carabineros, de Interior y de Armas, además de los principios contenidos en el Código de Procedimiento Civil.

De este modo, los demandantes consideran que "los hechos de violencia y destrucción que se viven en la Macrozona Sur han atentado gravemente la integridad de nuestros asociados, sus familias, trabajadores y bienes, restringiendo ilegal y abusivamente el pleno goce de sus derechos constitucionales y legales".

Y en cuanto a la falta de servicio del Fisco, la demanda advierte que "el Estado y sus órganos han incumplido sus obligaciones y deberes constitucionales o legales, fracasando estrepitosamente en su tarea de garantizar el Estado de Derecho".

-¿Por qué la demanda solo consigna atentados entre 2018 y 2022, siendo que los hechos de violencia tienen una génesis bastante anterior?

- Lo primero que hay que dejar claro es que esta demanda de indemnización de daños y perjuicios no es contra este Gobierno, ya que hay autoridades que se entusiasman. Es una demanda contra el Estado de Chile porque nos sentimos abandonados. Y si bien como asociación hemos enfrentado atentados desde hace nueve años, como los hechos prescriben después de cuatro años, hubo que tomar esa decisión. Todos los gobiernos han sido superados con los medios que hoy día tienen. Por eso le pedimos a tribunales que nos ayuden en este camino para que el Estado se haga responsable.

- ¿Qué hay que hacer entonces?

-Esto se enfrenta por tres vías. Lo primero son las policías bien equipadas. Lo segundo es tener una Fiscalía con los recursos necesarios. Digo esto porque hoy los fiscales no pueden acceder al sitio del suceso, ya que no tienen los medios. Y, lo tercero, es un Poder Judicial que vaya en sintonía con la actualización de las leyes. No se puede enfrentar este problema como si fuera delincuencia común. Por eso necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo y lo enfrenten de una manera diferente. Llevamos años haciendo lo mismo y con el mismo resultado, así no hay avance.

- ¿Cuáles son los argumentos de los demandantes?

- Llevamos nueve años en esto y la conclusión es que el Estado nos ha abandonado. De esta premisa nace la demanda: el abandono del Estado al gremio de los contratistas forestales. A la fecha registramos 406 atentados en nueve años y esta demanda explica 102, o sea, que representa el 25% de los atentados. Cada uno en promedio presenta entre 2,5 y 2,8 atentados.

- ¿Los demandantes han recibido ayuda de la glosa de las víctimas de la violencia rural?

- Los que están en la demanda no porque esa glosa es bien limitada y tiene algunos requisitos. No se puede facturar más de cien mil UF al año y los equipos tampoco pueden estar asegurados. Entonces como las facturaciones nuestras son mayores a cien mil UF anuales quedamos fuera. Hasta ahora la única manera de seguir trabajando ha sido con endeudamiento, capital propio y algún apoyo de las empresas.

- ¿Cuál es la proyección de la demanda?

-Esperamos que los jueces la declaren admisible ya que los abogados se preocuparon de que existan fundamentos jurídicos reales. Además están los hechos refrendados a diario. Por lo tanto, creemos que avanzará para seguir con el proceso y la tramitación, ya que el Estado no ha sido capaz de entregarnos las herramientas que constitucionalmente están establecidas. Me refiero a trabajar libremente, desarrollar nuestros proyectos, trabajar en paz, con seguridad y poder transitar por los caminos públicos sin que te disparen o quemen. A eso apelamos.

-¿Cuál es la cifra y los aspectos de la indemnización solicitada?

-El cálculo de los daños y perjuicios se hará en una segunda etapa, luego que la demanda sea declarada admisible. Los perjuicios se dividen en tres grupos: los daños emergentes (el valor de los equipos), el lucro cesante (lo que hemos dejado de percibir en términos de perjuicios operacionales) y el daño moral (referido a lo que esto ha significado en los proyectos de vida de los trabajadores).

- ¿Estos demandantes han resultado lesionados o han hecho abandono de la actividad?

- Hay de todo un poco. Hay contratistas que se han ido y otros que han resultado heridos. En general se ha visto un gran efecto negativo en la actividad forestal y contra eso hay que reclamar porque sentimos que es injusto que te quemen tus sueños.

- Solo en daño patrimonial, ¿cuál es el monto estimado de estos 102 atentados?

- Estamos calculando, pero son aproximadamente entre 300 y 350 equipos. Cada uno por lo bajo cuesta 250 mil dólares. Hablamos de equipos especializados, como referencia, el más caro vale un millón y medio de dólares. Por eso nuestro lamento cuando nos queman. El valor total de los 406 atentados que registramos a la fecha asciende a 165 mil millones de pesos.

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"Se ha visto un gran efecto negativo en la actividad forestal y contra eso hay que reclamar porque sentimos que es injusto que te quemen tus sueños".

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"Si bien como asociación hemos enfrentado atentados desde hace nueve años, como los hechos prescriben después de cuatro años, se tomó esa decisión".

Hoy se celebra el Día Mundial Sin Automóvil y la bicicleta se muestra como uno de los medios de transporte preferidos. En este contexto el municipio de Temuco presentará al mediodía en el frontis de su edificio la "Expo Pedalea", iniciativa que se realizará desde las 10 y hasta las 17 horas en el Estadio Municipal Bicentenario el próximo 24 y 25 de septiembre en la capital regional.

La concejala Viviana Díaz, quien estará hoy en el lanzamiento de la actividad, señaló que esta contempla stand, venta de accesorios, educación vial y muestras de bicicletas, cerrando el día domingo con una gran cicletada familiar de 10 kilómetros, la cual se realizará entre las 11 y las 13 horas. Quienes deseen participar con un stand deben inscribirse en udel@temuco.cl.

Un amplio operativo simultáneo de fiscalización fue desarrollado el miércoles por la Municipalidad de Temuco junto con Carabineros, derivando en la reclausura simultánea de 14 locales que mantenían vigencia de cierre al no contar con permiso para su funcionamiento. Como resultado del operativo, además una persona de nacionalidad china fue detenida por el delito de contrabando de cigarrillos.

Según informó el alcalde de Temuco, Roberto Neira, el operativo forma parte de un plan integral de seguridad en el centro de la comuna, siendo el objetivo "erradicar esta actividad ilícita del centro y prevenir delitos, junto con el control y fiscalización del comercio ambulante no autorizado".

Muriel Maturana, directora jurídica de la municipalidad, dijo que "se trata de locales que contaban con decretos que ordenaban su clausura, que funcionan sin patente comercial en una actividad ilícita y por tanto fueron emanados para volver a clausurarlos y evitar su funcionamiento".