Ayer, mientras un gran escenario era montado en la Plaza de la Ciudadanía, frente a La Moneda, para conmemorar los 50 años del 11 de septiembre de 1973, voces del oficialismo y de la oposición llamaron a la unidad.

El exministro vocero de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), afirmó en Radio Pauta que "entiende" que algunas personas de su sector estén a favor de "reivindicar el Golpe" de Estado. Sin embargo, consideró que es un "absoluto despropósito".

"Conociendo lo que ocurrió después, simplemente no se puede hacer. Es decir, si tú te paras el 10 de septiembre del año 73, para una persona de derecha, o inclusive esta discusión que hubo sobre la declaración de la Cámara de Diputados sobre el 73, eso es una cosa que tú puedes decir, sí, se entiende en ese momento. El 10 de septiembre del 73. Pero el 10 de septiembre del 2023, no", dijo el extitular de la Segegob.

Esto "porque tú sabes que el golpe llevó a que hubieran masivas violaciones a los derechos humanos. Y, por tanto, no se puede justificar el golpe a continuación. Entonces, parado el 10 de septiembre del 73, yo diría, sí, claro. Pero no se puede tratar de recrear esa misma situación acá, porque no estamos en esa misma situación", sostuvo Bellolio.

"Tenemos que tener un consenso en que la violencia no es legítima como forma de expresión, que los golpes de Estado no pueden ser un mecanismo de solución y que la violación a los derechos humanos es simplemente inaceptable", afirmó el exministro.

En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien rechazó firmar el acuerdo propuesto por Boric, ayer envió a La Moneda una misiva excusándose por no asistir al acto de conmemoración, a la que tuvo acceso Emol: "Si bien compartimos plenamente la intención de reflexionar sobre este capítulo de nuestra historia, (...) el clima de división en que nos encontramos me hace evitar cualquier evento o acción que pueda exacerbar las divisiones".

El giro de Boric

Durante la campaña presidencial de 2021, Boric dijo a Piñera que "está avisado" sobre eventuales denuncias por supuestas violaciones a los DD.HH. en las protestas de 2019.

Sin embargo, ahora como Mandatario, se refirió el jueves al expresidente como un "demócrata", luego de reunirse hace unos días con él para conversar sobre la inminente conmemoración.

La ministra vocera, Camila Vallejo, explicó ayer "que se reconozca al expresidente como un demócrata a partir de este compromiso (por los 50 años), al mismo tiempo que el Presidente Boric señaló que jamás pediría perdón por haber denunciado las violaciones a los DD.HH. en el contexto del estallido, no tiene ninguna contradicción. Absolutamente ninguna".

Punta Peuco

Mientras, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró en Radio Universo que el eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco, propuesto por un grupo de legisladores oficialistas dependerá del "contexto de la política penitenciaria".

El extitular del Interior, Víctor Pérez, aseveró ayer en CNN que una decisión de ese tipo sería "humillar a las FF.AA.".

No se trata de historias de ficción. Cientos, miles de chilenos se ven afectados a diario, o se han visto perjudicados en el pasado, por el delito de "tomas de terreno" o "tomas de casas". Estos actos deleznables no sólo lesionan el derecho a la propiedad y a la Constitución, sino que ponen en riesgo la vida o la integridad de sus víctimas y generan una distancia social cada vez más profunda, rabia y temor, junto a una cada vez más irreversible desconfianza en las instituciones del Estado. Por eso, la respuesta que estamos entregando hoy desde el Congreso y la reacción ante ella por parte del Gobierno, marcará la ruta hacia el camino de las soluciones o del agravamiento del problema.

En efecto, hace unos días, en el Senado despachamos para ser ley de la República el proyecto que moderniza el combate al delito de usurpación que tanto ha afectado a numerosas comunas del sur del país y en especial a la Región de La Araucanía. Según cifras del Ministerio Público, entre el 2018 y el 2022 las usurpaciones aumentaron un 81% en todo Chile, totalizando durante este período 10.148 investigaciones penales al respecto. Esto se inserta claramente dentro de la crisis de seguridad que estamos viviendo y que lamentablemente está lejos de ir disminuyendo, de ahí su máxima relevancia.

La actual regulación, que data del año 1874, no ha experimentado cambio alguno en 150 años. Así, la nueva normativa constituye un avance sustantivo en varios aspectos: el primero es que eleva las sanciones del referido delito de usurpación a penas privativas de libertad, en consonancia con países como España, Francia o Portugal. La usurpación violenta, en tanto, pasa de una pena de multa de hasta 20 UTM a una pena de cárcel de hasta 5 años. En el caso de la usurpación no violenta, se pasa de una multa de hasta 10 UTM a una pena de cárcel de hasta 3 años.

En segundo lugar, se incorpora la posibilidad de que, cuando exista intimidación, la usurpación sea considerada bajo la modalidad de violenta, acrecentando la pena. En tercer lugar, se podrá detener en flagrancia a los usurpadores. Dicha situación no tendrá el límite de 12 horas como es hoy, sino que se considerará aplicable por todo el tiempo en que los delincuentes estén en el inmueble, permitiendo con ello un desalojo por parte de Carabineros de Chile sin necesidad de la burocrática autorización judicial previa. Lo anterior, conforme a la naturaleza de consumación permanente del referido delito.

Por último, consagra la legítima defensa privilegiada para las situaciones en que se pretenda repeler una usurpación violenta. En síntesis, un proyecto que viene a solucionar múltiples problemas que afectan hoy a las chilenas y chilenos.

La mencionada iniciativa, se encuentra dentro del Fast Track Legislativo en Seguridad y, por tanto, con una prioridad clara para que prontamente esté vigente. En eso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado han contribuido enormemente en la celeridad y en su deliberación democrática. Sin embargo, de un modo sorprendente, el Gobierno ha manifestado ahora su oposición a la iniciativa en los términos en que está planteada, anunciando un veto legislativo a la nueva regulación, lo que impedirá que ésta salga tal cuál se encuentra.

No se sabe cuál es la extensión ni la profundidad del mencionado veto. Lo que sí es claro, es que lamentablemente, una vez más, el Gobierno se confunde y da señales equívocas, favoreciendo inevitablemente la inseguridad.

Paulina

Núñez Urrutia,

senadora.