Ha entrado en vigencia la Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo, con el fin de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Esta normativa incorpora cambios en la protección de los derechos de los empleados, ampliando y mejorando las disposiciones de la anterior ley Nº 20.607. El nombre de esta legislación se debe a Karin Salgado, una técnico de Enfermería que trabajaba en el Hospital Herminda Martín, de Chillán, que se suicidó en noviembre de 2019, debido a un prolongado período en que fue víctima de acoso laboral al interior del recinto. De acuerdo con los datos de la Dirección del Trabajo, entre el 1 enero de 2022 y el 30 de abril de 2024 se recibieron a nivel nacional 4.645 denuncias por acoso laboral y se registraron 2.248 denuncias por temas relacionadas con acoso sexual.

A través de la ley Nº 21.643 se redefine el acoso laboral, eliminando la necesidad de que las conductas de hostigamiento sean reiteradas para ser consideradas delito. Ahora, una sola acción puede ser motivo suficiente para una denuncia.

Los analistas han dicho que esta modificación marca un hito, porque extiende su alcance a todos los niveles de relación laboral, incluyendo entre compañeros de trabajo y no sólo entre jefes y subordinados. Hay dieciocho conductas específicas que serán sancionadas, incluyendo restricciones injustificadas en la comunicación, asignación de tareas degradantes o sin sentido, críticas ofensivas al desempeño laboral, y burlas sobre la vida privada de los trabajadores, entre otras.

En el pasado, muchas de las actitudes de acoso en el trabajo no se daban a conocer, pero hoy las personas están dispuestas a denunciarlas, y la nueva ley las castiga con severidad.

En los últimos años, el robo de salmones en el sur de Chile ha escalado a niveles alarmantes, duplicándose en valor y alcanzando pérdidas millonarias. Este problema afecta regiones desde el Maule hasta Magallanes y tiene repercusiones no sólo económicas, sino también sociales y de seguridad pública. La violencia de las bandas delictivas, que ahora incluyen secuestros y ataques a conductores, pone en riesgo la vida de las personas involucradas en la industria salmonera. Además, la comercialización de salmones robados en mercados informales, sin las condiciones sanitarias adecuadas, plantea graves riesgos para la salud pública.

Como diputado y firmante de la moción que busca abordar este problema, he sido parte de la comisión investigadora que desarrolló un informe detallado sobre la situación. En la comisión escuchamos a autoridades, empresarios de la industria del salmón y trabajadores afectados por estas mafias. Es evidente que el robo de salmón no puede ser tratado como un simple acto de sustracción. Es un delito complejo que afecta múltiples aspectos de la sociedad, desde la seguridad pública hasta la estabilidad económica de las comunidades locales que dependen de la industria.

El informe de la comisión que fue aprobado recientemente por la Sala de la Cámara, destacó la necesidad de una mayor coordinación entre actores del sector privado y público, así como la implementación de políticas más efectivas. Actualmente, la falta de documentación y elementos concretos impide una correcta trazabilidad del salmón, dificultando la identificación de su origen y destino. Este delito ha evolucionado a planes sofisticados con uso de armas, requiriendo que sea tratado desde una perspectiva de criminalidad organizada para evitar la corrupción en entidades públicas y privadas. En este sentido, se recomendó la creación de unidades de investigación especializadas, la tipificación del delito de sustracción de salmón (inquietud acogida en la moción que presentamos) y la implementación de medidas de seguridad en carreteras, como la instalación de cámaras.

En síntesis, el robo de salmones en Chile debe ser abordado con urgencia y seriedad. No sólo se trata de proteger una industria vital para nuestra economía, sino de salvaguardar la seguridad de las personas y la integridad de nuestras comunidades. La implementación de políticas efectivas y una coordinación estrecha entre todas las partes involucradas son cruciales para mitigar este problema.

Stephan Schubert,

diputado por el distrito 23