Luego de que la Contraloría General de la República declarara inconstitucional el decreto 249 del Gobierno que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de control de orden público en la macrozona sur, desde el directorio de la Multigremial Nacional lamentaron la decisión e indicaron que al organismo no le corresponde dirimir temas de seguridad nacional.

"Solo en el primer semestre de 2021 se han producido 866 hechos de violencia, un 94% por ciento más que la primera mitad del año pasado. Además, desde 2018 se han triplicado los ataques a transportistas, agricultores y faenas forestales, comentaron los dirigentes gremiales.

"Por lo anterior, creemos que el terrorismo en la macrozona sur es una problemática moral que no merece el pronunciamiento de la Contraloría. No es posible que un organismo técnico dirima el destino y la vida de miles de familias inocentes de Arauco y La Araucanía", añadieron.

En la Multigremial Nacional agregan que hoy las policías se encuentran absolutamente sobrepasadas, por lo que se requiere el accionar de militares en la zona de conflicto. "La violencia, quemas de casas, el miedo y las muertes no pueden seguir ocurriendo a vista y paciencia de todo el país", enfatizaron.

"Hace un mes hicimos un llamado al Gobierno, junto a 62 de nuestros gremios, para declarar Estado de Sitio en la macrozona sur. Creemos que los poderes del Estado le han fallado a la ciudadanía y es tiempo de que se tome otro tipo de medidas para la prevención del narcoterrorismo que azota a las víctimas", finalizaron.

"INCOMPRENSIBLE

Y ARBITRARIO"

La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G. (Sofo) califica como incomprensible y arbitraria la decisión de la Contraloría General de la República de declarar ilegal el Decreto Nº 249 del Presidente de la República, Sebastián Piñera, que tenía como fin entregar facultades especiales a la autoridad para abordar la desbordada violencia en La Araucanía y Arauco.

"La resolución de la Contraloría General de la República, obstaculiza el accionar del Ministerio del Interior para frenar a los grupos paramilitares que actúan a su antojo y con toda libertad en las zonas rurales del sur del país, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y habitantes del mundo rural", advierten.

"Es totalmente arbitrario que mientras en el norte, a través del decreto 265, Contraloría respalde al Presidente de la República en el resguardo de la seguridad nacional sin Estado de Excepción y pueda disponer de las fuerzas públicas, mientras que para el sur de Chile pareciera que existe una administración paralela que no se condice con la gravedad de los actos violentos que ocurren en esta zona", agregaron.

"Estamos a dos meses que se inicie una nueva temporada de cosecha en La Araucanía, donde la inclusión efectiva de las fuerzas policiales es fundamental para desarrollar nuestras labores en tranquilidad. Emplazamos al contralor Jorge Bermúdez a trasladarse a La Araucanía y Arauco para recorrer y entrevistarse con autoridades y víctimas de la macrozona y algunas comunidades emblemáticas de Malleco y Arauco".

Hay que recordar que desde Contraloría informaron que "está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona Sur del país, y por lo mismo empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio". Explican que "el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría, al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo". Respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte "el Decreto 265 establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas. Por el contrario, el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de las Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía".

En horas de la madrugada de este viernes Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI detuvieron a dos personas en el peaje Las Maicas, quienes transportaban hacia la Región de La Araucanía armas y munición de distinto calibre.

Los detenidos, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, se trasladaban en un camión y mantenían en su poder una escopeta recortada y cartuchos de escopeta, cal 12 y 38, siendo detenidos por infracción a la Ley de Armas.

allanamientos

La diligencia generó allanamientos simultáneos en las comunas de Renca en la Región Metropolitana y Labranza en La Araucanía, donde se incautaron 3 revólveres y 2 armas a fogueo, además de munición.

Los detenidos pasaron a control de detención, quedando uno de ellos en prisión preventiva en el CDP de Nueva Imperial y la mujer con arresto domiciliario nocturno. Por su parte, la Fiscalía otorgó 90 días para la investigación del caso.

Ahora la policía se encuentra indagando la presunta vinculación de los detenidos y las armas que transportaban, en hechos de violencia que se registran en la macro zona sur.

3 revólveres fueron incautados en allanamientos que se realizaron en el marco del operativo desarrollado por la PDI.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Emiliano Segundo Huenumán Lefimán a la pena de 13 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de homicidio, ilícito perpetrado en marzo del año pasado en la comuna de Nueva Imperial.

En fallo unánime, el tribunal aplicó además a Huenumán Lefimán las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.