En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 54,8 años y hoy es de 85 años para las mujeres y 80 años para los hombres. De esta forma, los adultos mayores suman ya más de tres millones de personas y se espera que al año 2025 representarán el 20% de la población nacional. Estos cambios en la estructura demográfica también han impactado de manera importante en la configuración del mercado laboral.

Es cierto que Chile envejece a tasas aceleradas, fenómeno que tiene repercusiones de salud, económicas y sociales que exigirán repensar las políticas públicas, porque parece que la sociedad no está preparada para enfrentar este rápido cambio en la pirámide etaria. Al observar indicadores simples como las pensiones promedio, o el acceso a la salud, se advierte que el país no facilita la vida de la tercera edad. Y esto podría ser peor conforme pasen los años y se observe un incremento de este segmento. Tal vez en conocimiento de estos fenómenos es que los adultos mayores que están en el mercado laboral no tienen incentivos para abandonarlo a la edad de 60 y 65 años, según les corresponde por ley.

Un estudio que a nivel internacional realizó la firma Mercer, reveló que, en el caso de Chile, el 68% de las personas espera seguir trabajando cuando cumpla la edad de jubilarse, si su estado de salud se lo permite. La investigación mostró que un 39% de los participantes afirmó tener buena salud, compatible con el trabajo que desempeñan y que solo un 26% está tranquilo con lo que ha ahorrado para su jubilación. No obstante, la pandemia ha alterado esa situación. Se estima que el año pasado se perdieron casi dos millones de empleos en el país, por el cierre de empresas, mientras otros quedaron con sus trabajos congelados, a la espera de mejores condiciones.

Entre julio y diciembre de 2020 hubo una recuperación de los puestos de trabajo y el desempleo nacional pasó de 13,1% a 10,3%, pero las sucesivas cuarentenas han hecho que esa tasa se estanque, por lo que se estima que aún falta recuperar casi un millón de puestos y una buena parte de ellos corresponde a adultos mayores.

Durante los últimos meses, los casos de usurpación de terrenos y viviendas han aumentado. Ante esta realidad, cabe preguntarse ¿Por qué no se moderniza una ley de más de 100 años? ¿No es de carácter urgente aumentar las penas para este delito?

Pese a que existen distintas mociones para subsanar las deficiencias de la norma vigente, en la Comisión de Seguridad del Senado no se ha logrado avanzar y contemplar penas privativas de libertad para este delito; tal y como ocurre en otros países de Latinoamérica, como Argentina, Perú o Panamá, donde las penas alcanzan hasta los 12 años de cárcel.

Lamentablemente, la usurpación es un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia en Chile. Solo en la Macrozona Sur, se registró un aumento de un 688% durante el primer trimestre de este año, y en La Araucanía las tomas llegaron a un total de 129 durante el mismo período.

La ocupación ilegal de viviendas de un proyecto habitacional que estaba ad portas de ser entregado en San Pedro de La Paz causó indignación a nivel nacional, pues muchas de ellas no pudieron ser devueltas a sus dueños.

A esto se suman las tomas ilegales de terrenos que se han observado en distintas comunas del país, donde se ha dado lugar a loteos brujos, verdaderos proyectos que se venden irregularmente, lucrando y fortaleciendo a organizaciones criminales que amenazan a los vecinos.

Con la baja penalidad asociada, pues se contempla solo una multa, no se desincentiva la ejecución del delito. Así, si la usurpación no es violenta, la sanción oscila entre las 6 y 10 UTM, mientras que la usurpación violenta tiene una pena de 11 a 20 UTM (entre $550 mil y un millón de pesos).

El problema que surge al no contemplar una pena privativa de libertad, es que la situación de flagrancia para el desalojo inmediato tiene un plazo acotado de 12 horas, cuando la mayoría de las veces la perpetración es en circunstancias que no permiten advertir su ocurrencia.

Ante esta realidad, presenté un proyecto para modificar la legislación vigente y así proteger el derecho de los legítimos propietarios. Sin embargo, la moción que fue fusionada con otra iniciativa similar para ser revisada por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, quedó en pausa cuando el presidente de dicha instancia renunció a su cargo y a la misma Comisión.

Las cifras no mienten, es por eso que hemos sido insistentes en la urgencia de modificar las sanciones para el delito de usurpación. Pedimos a los senadores de la Comisión de Seguridad que se considere la suma urgencia que el Ejecutivo le ha puesto a este proyecto y que de una vez por todas se sancione como corresponde este delito.

Carmen Gloria Aravena

senadora por La Araucanía